Este martes, el Tribunal Supremo se prepara para escuchar al abogado Carlos Neira, defensor de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con un supuesto intento de fraude fiscal. Neira comparecerá ante el alto tribunal en calidad de testigo, en una causa que involucra tanto a su cliente como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien es investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Esta declaración de Neira se produce en el marco de una investigación que ha adquirido dimensiones políticas, con la figura de Ayuso como telón de fondo.
El magistrado Ángel Hurtado, encargado de instruir este complejo caso, ha citado a Neira para que aclare una serie de elementos clave relacionados con el intercambio de correos electrónicos entre su cliente, González Amador, y el fiscal Julián Salto. Dichos correos son parte de una controversia que ha acabado involucrando a varios actores políticos y judiciales. La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, había solicitado la comparecencia de Neira el pasado 20 de mayo, días antes de que González Amador declarase en calidad de querellante. La Abogacía sostiene que la testifical de Neira es esencial para determinar si el caso debe ser archivado o, por el contrario, seguir adelante con la investigación.
El correo que desató la denuncia
El núcleo de la polémica gira en torno a un correo electrónico enviado por Neira el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto. En dicho mensaje, Neira ofrecía que su cliente, González Amador, reconociera la comisión de dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. Este mensaje fue posteriormente reenviado a varios medios de comunicación, lo que desató una serie de filtraciones que han puesto al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el punto de mira de la investigación.
Según la Abogacía del Estado, Neira debería aclarar varios puntos fundamentales sobre la comunicación que mantuvo con el fiscal Salto, así como sobre su relación con los medios de comunicación que recibieron la información. En particular, se le pedirá que explique si el correo de febrero fue enviado inicialmente a un buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos antes de ser dirigido a la Abogacía del Estado y si, tras recibir una respuesta de Salto, Neira reenviaría dicho mensaje a su cliente y a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso.
Por otro lado, se plantea la cuestión de si Neira dio su consentimiento para que Rodríguez, quien también ha sido citado como testigo, difundiera este correo entre los periodistas, lo que, según algunos, podría haber violado la confidencialidad de los intercambios con la Fiscalía.
El distanciamiento de González Amador
El pasado viernes, González Amador ya se pronunció sobre los correos en cuestión durante su declaración ante el Supremo. El novio de Ayuso intentó desvincularse de la responsabilidad por el correo del 2 de febrero, asegurando que no autorizó su envío. Según su versión, no fue hasta el 14 de marzo, cuando escuchó sobre la existencia de ese correo en la Cadena SER, que se enteró de la oferta realizada por su abogado. González Amador explicó que, tras enterarse de la situación, habló con Neira, quien justificó la decisión como parte de una estrategia legal para resolver el caso. A pesar de la falta de su autorización previa, González Amador reiteró su confianza en su abogado, afirmando que, aunque no estuvo de acuerdo con el primer correo, apoyó la estrategia de defensa.
En cuanto al correo del 12 de marzo, el novio de Ayuso también se desmarcó de su contenido, a pesar de que se había filtrado a los medios. Este correo, en el que el fiscal Salto afirmaba que no existía "obstáculo" para un acuerdo, fue reenviado por Neira a Miguel Ángel Rodríguez, quien, según la declaración de Rodríguez ante el Supremo, había recibido autorización de González Amador para difundirlo entre los periodistas. Sin embargo, González Amador aseguró que no había dado esa autorización, y explicó que le había dicho a Rodríguez: "Haz lo que consideres".
El papel de los periodistas
Además de la declaración de Neira, el Tribunal Supremo también ha citado a cuatro periodistas de El País, quienes serán interrogados el próximo 30 de mayo. Los periodistas están involucrados en el caso debido a un artículo publicado en enero de 2024, titulado Las pruebas de un ‘secreto’ difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general. En este artículo se relataba cómo varios periodistas habían recibido información sobre la oferta de Neira de que su cliente reconociera los delitos fiscales, mucho antes de que se hiciera público cualquier informe oficial por parte de la Fiscalía.
La Abogacía del Estado ha aportado un acta notarial que recoge los intercambios de correos y mensajes de WhatsApp entre los periodistas y el abogado, con el fin de demostrar que la información sobre los posibles delitos fiscales de González Amador ya era conocida por varios medios antes de que se hiciera pública. La defensa del fiscal general ha insistido en que la información sobre los presuntos delitos fiscales podría haber sido filtrada a los medios de comunicación antes de que cualquier autoridad judicial o fiscal tuviera acceso a ella, lo que pondría en duda la legitimidad del comportamiento de los implicados.
Cabe recordar que en una primera instancia, el magistrado Hurtado denegó la citación de los periodistas, al considerar que se trataba de una diligencia innecesaria, ya que se limitaban a ejercer su labor informativa, protegida por el derecho constitucional de no revelar sus fuentes. No obstante, después de la aparición de nuevos elementos de prueba, el magistrado ha accedido a tomar sus declaraciones, lo que podría arrojar más luz sobre la posible filtración de información confidencial.
La recta final del caso
La investigación, que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se encuentra ya en su fase final. Originalmente, el caso se centraba en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo, en la que se detallaba el intercambio de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto. Cuando el caso llegó al Supremo en octubre de 2024, se abrió una causa contra el fiscal general por un posible delito de revelación de secretos, aunque la denuncia relacionada con el comunicado de la Fiscalía fue finalmente descartada.
Sin embargo, con el paso de los meses, la investigación se ha ampliado y ahora incluye las filtraciones relacionadas con el correo de Neira del 2 de febrero, así como las interacciones entre los periodistas y los implicados. A pesar de que algunos de los elementos iniciales ya han sido desestimados, el caso continúa siendo un punto de tensión en el ámbito político y judicial, con la figura de Isabel Díaz Ayuso siempre presente como trasfondo de las acciones de su pareja.
El desenlace de esta investigación podría tener repercusiones importantes tanto en el ámbito judicial como político, ya que las posibles filtraciones de información sensible y el papel de los implicados en la gestión de estas filtraciones siguen siendo objeto de un escrutinio público cada vez más intenso.