La Abogacía del Estado ha presentado ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo un recurso en el que solicita el archivo del procedimiento abierto contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la defensa del fiscal despliega varios argumentos centrados en que la información supuestamente confidencial ya había sido difundida con anterioridad y en que los actos previos de Amador y su entorno invalidan la imputación.
Para ser más precisos, el recurso repasa cronológicamente los hechos y objeta punto por punto la tesis del juez Ángel Hurtado, señalando que “los hechos atribuidos resultan atípicos” y que “no hay indicios reales” de que el fiscal fuera el origen de la filtración.
Según la Abogacía, la información contenida en el correo del 2 de febrero de 2024 –en el que el abogado de González Amador confesó a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales a cambio de un pacto– había circulado ya entre periodistas cuando García Ortiz lo recibió esa noche. En tal sentido, el escrito enfatiza que, cuando el fiscal obtuvo el mensaje (21:59 h), su contenido “ya había sido difundido, total o parcialmente, por varios medios de comunicación”. Por ello, sostiene que en realidad “no hay delito” porque la información “no tenía carácter reservado” desde la “actuación previa del querellante y su entorno”. La defensa subraya que las propias maniobras de Alberto González Amador durante los días previos habían “despojado de su carácter reservado o confidencial” el contenido del correo. En otras palabras, el recurso alega que fue el propio querellante quien adelantó a periodistas detalles del acuerdo con la Fiscalía y de los fraudes tributarios: “En realidad, fue el querellante quien reveló a los profesionales de la información las negociaciones en curso para cerrar un acuerdo de conformidad… [y] el expreso reconocimiento de irregularidades fiscales”.
La Abogacía apunta a Miguel Ángel Rodríguez como coordinador de la estrategia informativa
En este sentido, cabe recordar que esos datos filtrados aparecieron primero en exclusiva en el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, mostrando informaciones que luego se comprobaron falsas o incompletas. El recurso apunta que El Mundo publicó una noticia con datos que no figuraban en el correo original, y destaca que dicho medio había conseguido fuentes internas. De hecho, el escrito menciona que tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez –jefe de gabinete de la presidenta Ayuso– “han admitido haber hablado” con los periodistas de El Mundo antes de su exclusiva. De esta manera, el documento alude a una posible “coordinación informativa” entre Amador y el entorno de la Comunidad de Madrid. Así, según la defensa, resulta “altamente verosímil” que la filtración proviniera del propio González Amador, de Miguel Ángel Rodríguez o de su círculo cercano, en lugar del fiscal Ortiz.
Asimismo, el papel de Miguel Ángel Rodríguez es destacado en el recurso. Se recuerda que este alto cargo conversó con periodistas y envió correos de Amador tras la publicación inicial de El Mundo, aunque después de que el diario difundiera la versión errónea de los hechos. La Abogacía subraya que Rodríguez actuó como coordinador de la información con el entorno de Ayuso, alertando de una supuesta oferta fiscal que nunca existió. Por ello, argumenta que una vez que el titular de los datos (en este caso González Amador) comparte sus secretos con terceros –“en especial cuando se trata de periodistas”– las informaciones “pierden su carácter reservado” y el interesado “pierde, por consiguiente, el derecho a que no se difundan”. En definitiva, los antecedentes y la actuación previa del círculo de Ayuso convierten para el escrito la supuesta filtración en una información ya pública y desactivan cualquier reserva jurídica sobre ella.
En paralelo, el recurso niega rotundamente que García Ortiz actuara por “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, como sostiene el instructor. Se critica que el auto del juez Hurtado incurre en “conclusiones patentemente erróneas” e “infundadas”, sin pruebas objetivas que vinculen al fiscal con la divulgación. Así, la Abogacía recalca que no se ha hallado “ni un solo mensaje de correo electrónico, SMS, WhatsApp o de cualquier otro tipo” en el que el fiscal reenviase el correo a terceros o informase de su contenido. Tampoco consta que mantuviera comunicación alguna con periodistas la noche del 13 de marzo, ni con ningún miembro del Ejecutivo. En resumen, concluye que la imputación del fiscal responde a meras “inferencias temporales” y carece de “base jurídica, fáctica o procesal”.
Con estos argumentos, la Abogacía del Estado reclama que se revoque el auto de procesamiento dictado el pasado 9 de junio y se archive por completo la causa contra el fiscal general. El recurso destaca la “notoria ausencia de verdaderos indicios de cargo” y señala que el procedimiento se basa en una hipótesis de filtración “sin prueba objetiva alguna”. Ahora corresponde a la Sala de Apelaciones del Supremo resolver si acepta estas alegaciones y da por concluida la investigación, o bien permite que el proceso siga su curso hacia el juicio oral.