La apertura del año judicial ha dejado 'recados' a propios y extraños en forma de los famosos 'corrillos' de prensa, un lugar donde un magistrado del Supremo puede sacar la katana contra el Gobierno sabiendo que nadie le va a citar con su nombre y apellido. Y cómo no, la posible ley de amnistía ha sido la perla dentro de la ostra de los corrillos de este año. Así, algunos magistrados del Alto Tribunal ha dejado 'caer' ante los medios de comunicación presentes que si el Gobierno en funciones aprueba una ley de amnistía, ellos podrían presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías, lo que sería, cuanto menos, un hecho insólito. Es más, la podría presentar cualquier juez que haya tenido o tenga un asunto relativo al procés.
Pero más allá de hacer del partido de ultraderecha Vox, a quienes los números ya no les dan para presentar nada ante el TC, las mismas fuentes han aseverado que también podrían presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que otras fuentes del Alto Tribunal consultadas por ElPlural.com tildan de "muy poco probable". Eso sí, otras fuentes del Supremo consultadas por este periódico afirman que, "no creemos que nadie vaya a presentar nada al TC puesto que es obvio que, en cuanto se apruebe la ley, si se aprueba, desde el PP se presentará un recurso de inconstitucionalidad, por lo que no sería necesario que el Supremo hiciera nada".
Eso sí, aunque se presente un recurso, venga este escrito de dónde venga: llámese partido político o un juez, lo que no podría es paralizarse la aplicación de la nueva ley si se aprueba, pues ya no existe la conocida como supresión previa por presentación de recurso de inconstitucionalidad, que paralizaba la aplicación de las leyes si se recurrían ante el Tribunal de Garantías. pero eso daba problemas porque privaba de la eficacia de la ley, por lo que ahora habría que aplicar la ley de forma inmediata.
La amnistía
Carles Puigdemont sentaba esta semana las bases para un acuerdo desde Bruselas. El líder de Junts rechazó que la toma de decisiones descanse sobre un “ánimo de venganza” por lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona o el rosario de “agravios desde 1714”. “Si esto fuese así, no se hubiese alcanzado el acuerdo en la Mesa del Congreso”, subrayaba el líder postconvergente, que exigió a los dos grandes partidos un “compromiso histórico” a la par que advertía que “o se pacta con Junts” o los españoles están obligados a acudir de nuevo a las urnas. Así las cosas, deslizaba que el Gobierno en funciones, la Fiscalía y el Parlamento español tienen potestad para iniciar los trámites de una ley de amnistía, condición sine qua non para negociar la investidura.
En concreto, Puigdemont sostiene que el país enfila se encuentra en una dicotomía: o se acuerda con los independentistas o se repiten las elecciones. “No estamos hablando de un trozo para tirar adelante la legislatura. El acuerdo debe ser un compromiso histórico, como el que ningún régimen ni Gobierno español ha sido nunca capaz”, remarcaba el expresident de la Generalitat, que acto seguido establecía las líneas rojas de su formación para allanar el camino de Pedro Sánchez a la Moncloa. “Reconocer la legitimidad del independentismo, abandono de la vía judicial y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos y el impulso al catalán”, relataba.
¿Tiene cabida la amnistía en España?
Consultado por este medio, el exletrado del Tribunal Constitucional (TC)Joaquín Urías se muestra cauto y dice que habrá que esperar a ver el contenido del documento, las condiciones de éste y a quién va dirigido.
En consonancia con él, hay compañeros suyos que defienden que no hay razones más allá de lo político para pensar que no entra en nuestra geografía una normativa a partir de la cual los hechos relacionados con la secesión en Cataluña queden definitivamente amnistiados.
En este sentido, voces del mismo órgano han explicado en reiteradas ocasiones que se trata de una medida que sí entraría en la Carta Magna y que el problema es más de índole político que legislativo. Pero también los hay que sostienen que atenta contra el principio de igualdad o que no encontraría capacidad en nuestro sistema constitucional.
La Constitución
El texto no tiene una respuesta definitiva a la pregunta, y es que en este caso no menciona la amnistía para avalarla o suspenderla. Entretanto, cabe destacar que se trata de una cuestión que corresponde en última instancia al Parlamento, titular a su vez del Poder Legislativo, y que se llevaría a cabo a través de una ley orgánica.
