Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del conocido como ‘caso Koldo’, ha dado un paso clave antes del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia al reconocer su participación en los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Asimismo, ha soliciado a la Fiscalía Anticorrupción que rebaje la pena de siete años de prisión dada su "colaboración proactiva con la Justicia".
Así lo expone en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al Tribunal Supremo una condena para Aldama por esos tres delitos, con una pena inferior a la reclamada para los otros dos procesados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al tener en cuenta su “confesión”
El empresario asume un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de uso de información privilegiada, coincidiendo plenamente con los cargos formulados por Anticorrupción.
No obstante, Aldama sostiene que la pena interesada por el Ministerio Público “debe rebajarse en un grado adicional” debido a su confesión, solicitando la aplicación de una atenuante muy cualificada, conforme a los criterios previstos en el artículo 66.1.2ª del Código Penal.
“Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación”, argumenta su defensa.
Según añade el escrito, dicha cooperación “se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados”.
En el plano probatorio, la defensa ha solicitado la comparecencia como testigos de los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista del ‘caso Koldo’, y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como supuesto cabecilla de la presunta trama de hidrocarburos vinculada a la empresa Villafuel.
Asimismo, ha pedido la declaración de personas del entorno familiar y personal de Ábalos y Koldo. En el caso del exministro, solicita la testifical de su hijo, además de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes habría mantenido una relación sentimental. En cuanto a Koldo García, reclama la comparecencia de su esposa y de su hermano.
Aldama también ha incluido entre los posibles testigos a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en el ‘caso Koldo’, así como al presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma condena que el Ministerio Público.
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