La lucha por la equiparación salarial de policías y guardia civiles que se visualizó en el movimiento Jusapol, acabó sirviendo de plataforma de impulso de dos nuevas asociaciones no exentas de polémica, Jupol y Jucil.
Detrás de estas entidades, nacidas de esa defensa, muchos vieron la oportunidad de grupos como Ciudadanos y Vox para hacerse con representación en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Lo cierto es que su tono difiere en muchas ocasiones del habitual dentro del trabajo sindical y no es difícil encontrar integrantes de la Policía Nacional que lo consideran una “indecencia total”. Algunas publicaciones en redes sociales desde cuentas que empujan ese movimiento dan muestra de ello:
#EquiparacionYa
— EQUIPARACION SALARIAL (@romeljuly) February 26, 2022
SANCHEZ MENTIROSO
SANCHEZ DIMISION
SANCHEZ MENTIROSO
SANCHEZ DIMISION
SANCHEZ MENTIROSO
SANCHEZ DIMISION pic.twitter.com/8qkrJXRAhm
#EquiparacionYa
— EQUIPARACION SALARIAL (@romeljuly) March 27, 2022
GOBIERNO MENTIROSO pic.twitter.com/YwP8morF33
#EquiparacionYa
— EQUIPARACION SALARIAL (@romeljuly) March 27, 2022
GOBIERNO MENTIROSO pic.twitter.com/PevKQ6r7oU
Sin embargo, la lucha a la que se han ligado desde el principio Jupol y Jucil podría estar próxima a su fin. En 2018 se alcanzó un acuerdo en este sentido que incluyó un abono repartido en tres ejercicios: 2018, 2019 y 2020 para 63.224 efectivos de la Policía Nacional y 75.773 de la Guardia Civil.
Quedaron fuera de ese convenio alrededor de 9.000 funcionarios, personal de segunda actividad sin destino de la Policía Nacional y reserva no ocupada de la Guardia Civil, por los que se mantiene la lucha, pero esto podría tener pronta solución.
Según apunta la Agrupación Reformista de Policías (ARP), y así lo han hecho constar en un documento de compromiso que ha sido enviado, tanto al ministro Fernando Grande-Marlaska, como a todos los sindicatos, “del acuerdo de 2018 hay una partida de 300 millones de euros que están disponibles porque no se han empleado”.
De ese dinero, que está liberado, “por lo que no supondría coste alguno”, subrayan desde ARP, podría abonarse la equiparación salarial con carácter retroactivo desde 2018 o desde la fecha de jubilación de los afectados.
El documento incluye el compromiso de no organizar más movilizaciones por este asunto, lo que lleva a muchos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad molestos con el devenir de estas dos entidades a preguntarse qué pasaría entonces con ellas si desaparece su razón de ser. ¿Cambiaría algo?
