La cartilla Covid es la última propuesta del Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso. Una idea que ha recibido las críticas de la comunidad científica; asociaciones; sindicatos y miembros del Gobierno estatal y que podría vulnerar varias leyes nacionales y europeas. Se trata de un pasaporte inmunitario que ofrece a quienes han superado la enfermedad, beneficios y castiga a quienes aún no se han contagiado. ¿Una idea que podría favorecer los atentados contra la salud pública?

Concretamente, desde Facua consideran que la medida es discriminatoria ya que sólo “quienes hayan pasado la epidemia, la enfermedad y tengan anticuerpos; se estén realizando PCR o hayan tenido acceso a las pruebas tendrían la posibilidad de tener esta cartilla”.  

Desde la asociación recuerdan que la medida, propuesta por Ayuso, puede “vulnerar la normativa de protección de datos en el caso de que se establezca como requisitos mostrar la cartilla para acceder a establecimientos o utilizar servicios, ya que revelaría información relativa a la salud del usuario, que se consideran datos especialmente protegidos. El artículo 9 del Reglamento Europeo de Protección de Datos prohíbe el tratamiento de aquellos datos personales relativos a la salud”.

Rubén Sánchez, presidente de Facua, explica a ElPlural.com que esta medida no puede llegar a implantarse: “Creemos que ese disparate no se va a poner en marcha y que posiblemente se trate de una estrategia de comunicación, una cortina de humo para tapar posibles irregularidades y malas praxis que se están llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid en el marco de la pandemia y que se hable de otro tema. Está más que debatido a nivel mundial la posibilidad de la cartilla y se ha descartado. Que a estas alturas venga el PP de la Comunidad de Madrid a plantearlo no tiene ningún sentido. Creemos que es una estrategia para que no se hable de los recortes sanitarios o de que, en el verano, en lugar de aumentar dotaciones se están reduciendo”.

La cartilla, que no garantiza que la persona sea inmune a la Covid-19, podría, además, ser un motivo de discriminación a la hora acceder a puestos de trabajo, ya que la elección de personal podría realizarse erróneamente en función de si se ha ‘superado’ o no la enfermedad.

De hecho, muchos ciudadanos, golpeados por la crisis económica, podrían decidir contagiarse del virus para poder acceder a los beneficios que oferta la cartilla, lo que atentaría contra la salud pública. El uso la cartilla, que actuaría como un ‘pasaporte inmunitario’ ha sido desaconsejado por diferentes organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, considera que la cartilla de Ayuso “abre una vía de discriminación evidente para que ahora a los madrileños nos traten en función de si hemos pasado o no hemos pasado la Covid o si tenemos más o menos capacidad económica para ir al sector privado a hacernos una prueba PCR cada dos por tres”.

Hay que recordar que las pruebas PCR – cuyo grado de fiabilidad está lejos de ser determinante- se realizan, sobre todo, en la sanidad privada y tienen un precio de entre 60 y 100 euros, lo que supone abrir una brecha entre ciudadanos con mayor o menor capacidad económica y posibilidades a la hora de reincorporarse a los puestos de trabajo.

Por otro lado, la comunidad científica asegura que la cartilla es una propuesta obsoleta ya que realmente no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus o cómo actúan los anticuerpos frente a las diferentes cepas existentes. Por lo tanto ¿Qué pretende Ayuso proponiendo un pasaporte inmunitario?

Etiquetar a los ciudadanos como inmunoprivilegiados o inmunodeprimidos supondría un paso más en la estratificación social que depende, una vez más, de la capacidad de acceso a los test, la capacidad económica, las circunstancias laborales y personales o localización de los ciudadanos. La cartilla de Ayuso, destinada a ser rechazada, abriría la veda para otro tipo de acciones marginales a nivel social y laboral. ¿Cuál sería la siguiente propuesta de la presidenta, una cartilla para discriminar a los enfermos de VIH?