El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha invitado a todo aquel que quiera morir a "abrir el gas" o "tirarse por la Giralda o a las vías del tren". La ocurrencia del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal venía a cuento de la ley de la eutanasia, que ha criticado con dureza tildándola de "inhumana".

"Ahora vienen con una ley que dice 'hago con mi vida lo que me da la gana', pero tienes que venir tú a matarme, tiene que venir el Estado a través de los médicos. Si usted me lo reivindica desde el individualismo radical, ¿cómo me reivindica usted la dimensión social? ¿Que yo tengo una obligación de matarlo? No. Matarse se puede matar todo el que quiera, es un poder que todos tenemos: abrimos el gas y nos quedamos dormiditos la mar de dulce, o te puedes tirar por la Giralda o a las vías del tren", ha afirmado el obispo canario.

En un encuentro con los medios, este miércoles, en el marco de la Asamblea Plenaria de los obispos en Madrid, Mazuelos ha criticado la propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de reformar la ley del aborto para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno, y se ha preguntado si va a ser la propia ministra la que acuda a cuidar a la menor si tiene alguna complicación como "una perforación de útero".

"Es una barbaridad que una menor pueda abortar sin consultar. Y si después hay alguna complicación, ¿qué va a ir, la ministra al hospital a cuidarla?", ha preguntado el obispo.

Pide presunción de inocencia en abusos sexuales

Preguntado sobre los abusos sexuales a menores, el obispo de Canarias ha defendido que "la Iglesia lleva luchando años" luchando contra "esa lacra" y que "aquel que se demuestre que ha cometido abusos, que entre en la cárcel", aunque también ha pedido respetar la presunción de inocencia.

El obispo ha criricado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por "meterse con la Iglesia", al acusar a la institución de ser "cómplice de la violencia sexual hacia los niños", mientras que, a su juicio, no protege a "los niños que se pueden cambiar de sexo sin consultar con sus padres".