El largo recorrido judicial en torno a la eutanasia solicitada por Noelia, una joven barcelonesa de 25 años con lesión medular que le provoca paraplejia, afronta su desenlace. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha inadmitido por unanimidad el recurso presentado por su padre contra las resoluciones que autorizaban la ayuda médica para morir, al no apreciar vulneración de derechos fundamentales. Con esta decisión, adoptada en una sesión extraordinaria, el alto tribunal pone fin a la vía judicial española para frenar el procedimiento. La resolución no analiza el fondo del debate, pero sí descarta que se haya lesionado el derecho a la vida o la tutela judicial efectiva invocados por el progenitor.
El caso había pasado previamente por distintas instancias. En enero, el Tribunal Supremo ha respaldado de forma definitiva la solicitud de la joven y ha rechazado reabrir el asunto. Antes, la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya había autorizado la eutanasia tras constatar que cumplía los requisitos legales: mayoría de edad, capacidad de decisión y situación clínica encuadrable en el contexto previsto por la ley.
Tras levantarse las medidas cautelares que mantenían suspendida la intervención, la Comisión reactivó el procedimiento. Fuentes del organismo encargado de supervisar la aplicación de la normativa en Catalunya han señalado que la autorización es plenamente ejecutiva y que ya se ultiman los aspectos prácticos para llevarla a cabo. La previsión es que el proceso no se demore más allá de unas semanas.
El padre había sostenido en su recurso que su hija presentaba trastornos de la personalidad y antecedentes psiquiátricos que, a su juicio, afectarían a su capacidad para decidir sobre su propia muerte. Sin embargo, tanto los tribunales como los órganos evaluadores han concluido que la joven es competente para adoptar esa decisión. Durante la vista celebrada en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Noelia defendió personalmente su voluntad de continuar con el procedimiento y denunció presiones para desistir de su petición.
Por su parte, la organización Abogados Cristianos ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales. No obstante, ese paso no suspende automáticamente la ejecución de la eutanasia.
Desde Derecho a Morir Dignamente Catalunya, su directora Cristina Vallés en unas declaraciones a ‘Público’ ha valorado positivamente el pronunciamiento del Constitucional y ha criticado la dilación del proceso. "Era evidente que esta era la decisión correcta y estamos muy satisfechos de que por fin se pueda acabar este periplo judicial. Noelia ya había obtenido el aval de tres tribunales y de la Comisión de Garantía y Evaluación; más garantías no podían existir", ha subrayado.
La entidad impulsa una reforma legal para que los recursos vinculados a la eutanasia se tramiten por la vía urgente, con plazos tasados, al entender que la prolongación de estos procedimientos añade sufrimiento innecesario a personas en situaciones clínicas graves. "Se ha confirmado que es mayor de edad, competente y que se encuentra en un contexto eutanásico. Somos positivos y confiamos en que, según nos han trasladado desde la Comisión, pueda proceder a su eutanasia en las próximas semanas, si Noelia así lo decide", ha apuntado Vallés.
Aunque la aplicación de la eutanasia exige completar determinados pasos formales, fuentes de la Comisión aseguran que el calendario no se dilatará y que la intervención podría materializarse en cuestión de semanas. Subrayan además que el anuncio de Abogados Cristianos de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no alterará los tiempos previstos y que, tras “un año y medio de calvario” para la joven —que padece una lesión medular que limita gravemente su movilidad—, el objetivo es que el procedimiento se ejecute con la máxima agilidad. Desde Derecho a Morir Dignamente Catalunya han considerado que la prolongación del proceso, motivada por los recursos de un tercero, ha supuesto en la práctica un “secuestro” para Noelia. La entidad ha denunciado que la joven ha permanecido sometida a un sufrimiento innecesario debido a unos plazos judiciales que, a su juicio, carecen de sentido en situaciones de este tipo.
Por ello, la asociación ha impulsado una propuesta de reforma legal que establezca un cauce específico y abreviado para los recursos vinculados a la eutanasia, con plazos máximos de resolución de entre diez días y un mes. La iniciativa pretende garantizar una tramitación urgente en contextos eutanásicos, donde —según defiende su directora, Cristina Vallés— la demora prolonga injustificadamente el padecimiento de personas con enfermedades graves. “La eutanasia es un procedimiento con todas las garantías, pero también largo y emocionalmente muy duro. Retrasar durante año y medio un caso como el de Noelia supone una auténtica tortura para quien lo sufre”, ha apostillado. Tras año y medio de litigios, la decisión del Constitucional acerca el momento en que Noelia podrá ejercer el derecho que solicitó, a la espera de que se concrete la fecha definitiva.
