Decía en el artículo de la semana pasada que no es nueva la incapacidad de las fuerzas progresistas para combatir el relato racista que avanza en toda Europa y sitúa la migración como una de las principales preocupaciones de la población, España no es una excepción, ni en el éxito de las fuerzas conservadoras en dominar el marco del debate migratorio, ni en la incapacidad de las fuerzas progresistas de explicar con claridad la propuesta concreta de su política migratoria.
Es difícil de seguir y entender cuál es la posición de las fuerzas que componen el gobierno actual; parece poco compatible dónde está la posición común entre el “papeles para todos”, que una parte de la coalición sumar defiende desde hace décadas, y la política real del PSOE que un día se declara el mayor defensor de los derechos humanos acogiendo al aquarius en Valencia, y pocos años después su presidente defiende y mantiene en el núcleo duro de su ejecutivo al ministro del interior que practica deportaciones masivas declaradas por el Tribunal Supremo ilegales y contrarias al derecho internacional.
Es urgente que las fuerzas progresistas pongan encima de la mesa su propuesta concreta en política migratoria, es especialmente relevante en este inicio de curso político en el que se cumple un año de la presentación de la ILP para la regularización extraordinaria de migrantes, admitida ya a trámite por el congreso, y en el que también está en proceso de exposición pública, y por tanto a punto de ser aprobado, el reglamento que desarrolla la ley de extranjería.
Si habláramos de estas dos propuestas para la política migratoria, en lugar de hablar de seguridad ciudadana, como desea la derecha, podríamos señalar que hay un bloque de amplia mayoría en el congreso de más de 300 diputados, que han votado a favor de la tramitación de la ILP, frente a menos del 10% del congreso, formado por los diputados de VOX, que votaron en contra, y a partir de ahí, podríamos ahondar en una solución de Estado, para el problema real que no es la migración, sino una ley de extranjería que hace casi imposible la migración regular.
El problema no pueden ser nunca los flujos migratorios porque éstos son consustanciales a la historia de la humanidad, incluso se reflejaron en la biblia, el problema suele ser qué derechos y obligaciones tienen estas personas al llegar a su destino migratorio.
La derecha se empeña en diferenciar a quienes vienen a trabajar y son buenos, de otros supuestos malos, pero habría que preguntarles si están de acuerdo en otorgar derechos a todo el que tiene un trabajo, o si por el contrario defienden un modelo migratorio esclavista en el que aceptamos la fuerza de trabajo de los migrantes pero no les reconocemos derechos de ciudadanía, porque ese ha sido la política migratoria desde la reforma del año 2000 que hizo Aznar, tras una regularización extraordinaria de casi 300.000 personas, (el 96% de quienes la solicitaron), con la ley actual, puedes tener permiso de trabajo si te contratan en tú país, pero si vienes a estudiar, por ejemplo, o si estando en España por otras circunstancias y te ofrecen trabajo, sólo podrás regularizar tú situación por la vía del arraigo, es decir, viviendo tres años de forma ilegal en España, ¿tiene esto algún sentido?. En mi opinión y en la de la mayoría de las ONGs no.
El porcentaje de población migrante que se necesita en este país, tanto para el funcionamiento de su economía como para la viabilidad de la recaudación de seguridad social, no es posible gestionarla mediante contratos en origen, básicamente porque hay muy pocos sectores, muy pocos empresarios, que estén dispuestos a contratar de forma estable y permanente a personas en origen, por eso es urgente abandonar el debate de la seguridad ciudadana, y centrarnos en preguntar a la derecha si está de acuerdo o no en recuperar una legislación que permite tener permiso de trabajo cuando se tiene empleo, que permite residir legalmente en los periodos de paro tras haber cotizado a desempleo, y que permite tener una residencia permanente transcurrido un plazo razonable de mantener esta situación.
No tengo duda de que VOX se mostrará escandalizado de esta idea, puesto que el racismo implica estar convencidos de que las personas deben tener derechos distintos en función de su raza, o lugar de origen, y por tanto defender un esclavismo moderno, pero tampoco tengo dudas de que el PP no puede discutir que su política, la de la ley de 2000, ha fracasado porque hacer casi imposible ser migrante legal no impide que los seres humanos que no tienen nada que perder emprendan un viaje migratorio.
