Es indiscutible que la Iglesia española robó la infancia a muchos niños y en consecuencia destrozó sus vidas adultas. En el seno de esta institución se ha legitimado la pederastia con total impunidad durante décadas. Se normalizó que los clérigos y profesores de Religión (de diferentes congregaciones) pudieran abusar y agredir sexualmente de los menores con la garantía de que estos episodios se iba a silenciar totalmente.

En los últimos años, muchas víctimas han contado sus experiencias en documentales y en los medios de comunicación.  Pero, este asunto no es ni mucho menos cosa del pasado, sigue formando parte del presente, siguen destapándose casos nuevos y sigue imponiéndose la injusticia en gran parte de ellos. Así ha ocurrido en una de las últimas sentencias más polémicas, la del caso del colegio vasco Gaztelueta perteneciente al Opus Dei.

El pasado 28 de septiembre el Tribunal Supremo rebajó de once a dos años de cárcel al exprofesor José Maria Martínez de este colegio por abusar de un alumno que, entonces era menor, entre los años 2008 y 2010. Este cambio en la condena se produjo tras un recurso de casación formulado por la defensa del acusado a la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que en su momento lo condenó a once años de prisión por abusar sexualmente de un menor. “La noticia la hemos recibido con estupor. No entendemos que el Tribunal Supremo haya rebajado la condena de once a dos años.  La violencia contra la infancia sigue siendo una gran asignatura pendiente. La pederastia en este país sale gratis”, lamenta Juan Cuatrecases padre de la víctima de este caso.

La influencia del Opus Dei

Para Cuatrecases, el hecho de que este exprofesor pertenezca al Opus Dei ha influido en el enorme cambio de condena que puede permitir incluso al condenado evitar la cárcel. Cuatrecases reconoce que le sigue sorprendiendo que esta congregación religiosa “siga callando y pretendiendo que no hay pederastas entre los suyos”. Esta ha sido, efectivamente, la estrategia que ha adoptado el colegio desde el momento en que se destapó este caso. De hecho, cuando se hizo pública la primera sentencia, el presidente del consejo Administrativo del centro, Juan Anguisolo, celebró una rueda de prensa para reiterar que seguían confiando en la inocencia de Martínez.

Miguel Hurtado también siente impotencia en la rebaja de condena del caso Gaztelueta. Él mejor que nadie sabe lo que significa pasar por ese calvario, recuerda perfectamente lo que le tocó vivir durante su adolescencia. Hurtado es una de las primeras víctimas de la pederastia de la Iglesia española que dio el paso de denunciar su caso de manera pública. Lo hizo durante el 2019, cuando decidió poner fin a veinte años de silencio. “Muchas víctimas piensan que no tienen otra opción que llevarse el secreto a la tumba. En mi caso, me di cuenta que guardar el secreto me estaba llevando a la tumba. Me planteé: ¿De verdad quiere seguir así otros veinte años, muerto en vida? Un factor fundamental fue el ejemplo de tantas víctimas en multitud de países. De igual forma que el miedo es contagioso, también lo es la valentía”, explica.

Asimismo, para este psiquiatra catalán, ahora afincado en Londres, la sentencia del Gaztelueta “ha dinamitado la credibilidad de la justicia española entre los colectivos de supervivientes de pederastia clerical”. Considera, al igual que el padre de la víctima, que el Opus Dei ha ejercido su poder para que este exprofesor “familiar estrecho de un exalto cargo político, no pisara la cárcel”. E incide en otro aspecto relevante: dar tiempo para que las víctimas se sientan con fuerzas para  denunciar. “La víctima del Gaztelueta, como la mayoría de las víctimas de pederastia, no denunció cuando quiso, sino cuando pudo reponerse del brutal trauma psicológico que sufrió. Utilizar esa demora en la revelación completa de la historia para rebajar la pena es una aberración jurídica, ética y moral”, subraya.

Y en términos similares se expresa el padre de la víctima: “El fiscal en la Audiencia Provincial de Bizkaia repitió hasta la saciedad que mi hijo había ido engrosando el relato a través del tiempo. Las víctimas de violencia sexual tanto mujeres como niñas y niños, no cuentan cuando quiere un juez o fiscal; cuentan cuando pueden. Están tratando con menores humillados y violentados y así lo que hacen es revictimizarles”.

Este aspecto precisamente ha sido el argumento al que se ha acogido el alto tribunal para justificar la rebaja de la condena. Y es que la víctima introdujo años más tarde a su testimonio, los episodios más graves de abuso sexual que sufrió. Sin embargo, para el Supremo estos últimos hechos que podían constituir un delito de agresión sexual no están absolutamente probados. “Sé que hay mucha gente del Opus Dei que están diciendo que no hay pruebas. Las pruebas están ahí y son hechos probados. Hay unos daños, hay un relato de mi hijo avalado por facultativos y creo que el peso de la psicología y de la medicina forense debería ser mucho más contundente cuando los jueces dicten sentencias. Estamos hablando del relato de un niño contra un adulto en un espacio cerrado en donde no hay testigos. De hecho, el propio Supremo y Constitucional en su jurisprudencia admiten que el relato de un menor de edad tiene plena validez de prueba si viene avalado por el testimonio de informes forenses, médicos y psiquiatras”, indica.

En este sentido, Hurtado considera primordial aprobar una enmienda en la Ley Integral contra la Violencia Infantil, la cual todavía está en trámite, para que el plazo de prescripción de los delitos de pederastia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla cincuenta años y no, entre 35 y 40 años, tal y como recoge la norma. “La Real Comisión australiana sobre abusos en instituciones estableció, tras analizar las denuncias de 4.500 víctimas de pederastia clerical, que la edad a la que estas denuncian es de 44 años. Con la nueva ley, el grueso de delitos de pederastia seguirán prescribiendo y el agresor quedará impune”, critica.

Hurtado también echa en falta en esta ley una partida presupuestaria que garantice el acceso a terapias psicológicas desde la Sanidad Pública. “¿Realmente como sociedad nos creemos que se trata de un grave problema de salud pública y una flagrante violación de derechos humanos?”, se pregunta.

Daños psicológicos irreparables

Y es que, en este tipo de procesos violentos, la herida que más cuesta cicatrizar, sin duda, es el daño psicológico. Hurtado indica que su salud mental mejoró de manera significativa desde que contó su historia en la esfera pública. Otro aspecto que le ayudó mucho fue escribir su experiencia en su  libro 'Manual del Silencio' en el que no solo narra su caso, sino que también desgrana el sistema clerical montado para encubrir la pederastia. “Al escribirlo experimenté un sentimiento agridulce, pero también de liberación al poder poner por fin en palabras, un oscuro secreto que me habían obligado a guardar durante dos décadas”, indica.

Cuatrecasas tilda de “una gravedad inmensa” los daños que causa un pederasta a un menor. Recuerda, además, que ha habido casos de suicido y que no se trata “de una gripe que se cura” sino que tiene consecuencias a largo plazo tanto en el rendimiento escolar, como en el mundo laboral posteriormente. “Es un crimen que se comete en pleno proceso de formación de su personalidad. Es como si a alguien le desordenaran el puzzle que tienes en la cabeza emocionalmente. Y tienes que ayudarle a reordenar esa piezas”, explica.

La historia de Hurtado se remonta a finales de los noventa. Él tenía 15 años y un fin de semana al mes le tocaba quedarse a dormir en la Abadía de Montserrat donde era scout. Era por las noches cuando el monje Andreu Soler entraba en la habitación de Hurtado y empezó a abusar sexualmente de él. “Mi agresor sabía perfectamente que era intocable, porque tenía poderosos padrinos que le iban a proteger. Lo terrible es que con la propuesta de reforma del gobierno, incluso si mi agresor siguiera vivo, ninguna de las víctimas de este agresor podríamos denunciar porque los delitos estarían prescritos”, sentencia Hurtado. Recientemente se conoció que este monje fue un depredador sexual y un pederasta que abusó de al menos doce menores durante casi tres décadas con total impunidad. Esta fue una de las principales conclusiones de la comisión independiente creada por el abada de Montserrat, tras los escándalos destapados en los últimos años que afectaban a este monje que era el encargado del grupo scout.

En estos años de lucha y de golpes, Hurtado ha sacado algo en claro: “La sociedad civil española y las instituciones tiene una deuda pendiente con las víctimas de pederastia en general y con los supervivientes en la Iglesia en particular”.