La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido que se deje de aplicar el Código Penal Militar a agentes que desempeñan labores policiales porque sólo sirve para "amedrentar" a los guardias, además de constituir una "herramienta para reprimir las denuncias contra los casos de corrupción interna que se producen en el Cuerpo".

La asociación mayoritaria de guardias civiles han hecho su reivindicación con motivo del proceso que se sigue contra la sargento del Seprona de Sevilla María Serrano, tras su denuncia de presuntas irregularidades en su unidad y que lejos de investigarse han derivado en una campaña de acoso contra ella, según su denuncia.

Una "injusticia militar"

En un comunicado de prensa, la Augc recuerda que "lleva años denunciando la abusiva y arbitraria aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, e incluso a situaciones producidas fuera de servicio, como la que ha llevado a prisión al compañero Luis Miguel Pouso, que el pasado 14 de octubre ingresaba en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir una pena de siete meses y un día". La asociación presentó un requerimiento ante del Defensor del Pueblo para mostrar su repulsa a esta situación.

"Denunciar la corrupción en la Guardia Civil sale caro"

Según afirma la AUGC, la "injusticia militar es empleada como herramienta para reprimir las denuncias contra los casos de corrupción interna que se producen en el Cuerpo, recurriendo a ella para amedrentar o directamente represaliar a aquellos agentes que se atreven a señalar uno de estos casos. Y es que denunciar la corrupción interna en la Guardia Civil puede salir muy caro. Bien lo sabe María Serrano, sargento primero del Seprona de Sevilla que desde que en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna que finalmente fue archivado por la prescripción de los delitos y que vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores".

"Lo que desgraciadamente queda de aquella denuncia por corrupción que la sargento Serrano presentó son seis años de persecución, más los que restan, siempre con el fantasma de la aplicación del Código Penal Militar contra ella. Con un futuro incierto para esta trabajadora, que sin embargo está dispuesta a llegar incluso a los tribunales europeos en defensa de sus derechos, como siempre, en todos los casos en los que un afiliado resulta atropellado por la maquinaria represora de la Guardia Civil, AUGC estará a su lado", advierte la asociación.