La policía marroquí ha deportado a una comisión de juristas españoles que intentaba visitar a los presos políticos saharauis condenados por el Tribunal Militar en febrero de 2013 según han denunciado en un comunicado Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia que muestran su más enérgica protesta ante lo sucedido.

El objetivo de la comisión ahora devuelta a España por las autoridades del país vecino “era además reunirse con el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos para mostrar su preocupación por la situación de los presos políticos, y en especial por la salud de los presos que habían mantenido una huelga de hambre de 37 días”.

Apoyar a los presos y sus familias

La comisión viajó a Rabat el 6 de abril. Estaba formada por Letrados y miembros del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental (OAPSO), de la Asociación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos de Canarias (JUPADEHU), y del Observatorio Aragonés por el Sahara Occidental.

Por lo que ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes próximas a la comisión, los abogados pretendían asimismo ser recibido por el Tribunal y que a partir de ese momento pudiera apoyar en su trabajo de forma más o menos permanente a los abogados saharauis y marroquíes. “Ese apoyo de los abogados europeos es importante tanto para los presos como para sus familias”, explicaron.

Incomunicados, retenidos y deportados

 “Poco después de su llegada, y sin causa legítima ni motivos, la Policía marroquí se presentó en el hotel donde se alojaban, junto con activistas belgas y franceses, conminándoles a acompañarlos hasta una Comisaría, donde les incautaron sus pasaportes y teléfonos móviles, dejándolos incomunicados y privados de libertad durante varias horas”, explican las asociaciones progresista de jueces, fiscales y letrados.

A lo largo de este jueves los miembros de la comisión han sido deportados por las autoridades marroquíes a España, explican a la vez que expresan “nuestra más enérgica protesta por esta actuación injustificada frente a activistas y observadores pacíficos, que no hace sino aumentar las serias dudas que -sobre la aplicación y respeto de los Derechos Humanos- pesan sobre el Reino de Marruecos y en particular cuando se trata del conflicto del Sahara Occidental”.