El Ministerio de Justicia debe indemnizar con 60.000 euros a Juan José Cortés y a su mujer, Irene Suárez, en concepto de responsabilidad patrimonial por la muerte de su hija Mari Luz en enero del 2008 a manos de Santiago del Valle, al "reconocer la causalidad entre la muerte y el funcionamiento anormal de la administración de Justicia".

Así, la Audiencia Nacional ha confirmado en una sentencia del pasado mes de diciembre la resolución del Ministerio de Justicia del 10 de diciembre de 2018, que establecía dicha cantidad y que fue recurrida por los Cortés, según señala Europa Press.

El padre de la niña, que ha afirmado en una entrevista este jueves en 'Espejo Público' que “el presidente del Gobierno debería pedir disculpas por ese error que le costó la vida" a su hija, solicitaba una indemnización de 325.743,56 euros.

En concreto, el matrimonio presentó un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra esta resolución ya que discrepaban del importe reconocido, reclamando un total de 325.743,56 euros, que incluye 140.871,78 para cada progenitor (281.743,56 euros); y otros 44.000 para los otros hijos menores (total: 325.743,56 euros).

Igualmente, confirma la resolución ministerial que la indemnización no puede equipararse a las cantidades fijadas en la sentencia penal, lo que "sería tanto como hacer de la demora en la ejecución el factor determinante de los hechos, cuando dicho factor no es preponderante".

La resolución explica que "se considera adecuado satisfacer a cada uno de los dos reclamantes con una indemnización de 30.000 euros" ya que, como establece la resolución ministerial, "resulta evidente la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la demora en la ejecución de las penas de prisión --de más de dos años-- a que había sido condenado Del Valle, y el propio asesinato, pues resulta evidente el estadio previo peligroso del responsable antes de la comisión del asesinato de la menor".

Por ello, como indica la sentencia, "se hace preciso reconocer el derecho de los reclamantes a ser indemnizados del perjuicio moral sufrido como consecuencia del resultado dañoso, con arreglo a doctrina del riesgo; daño que tiene diferente naturaleza de la responsabilidad civil derivada del delito, y que se valora en 30.000 euros para cada uno de los progenitores".

Del Valle había sido condenado a unos 33 meses por, entre otros, un delito de abusos sexuales sobre su hija menor. No obstante, indica la sentencia que no cabe afirmar con rotundidad que en caso de haberse ejecutado con prontitud las penas impuestas al haberse dictado auto de ejecución, a la fecha de los hechos le hubieran faltado unos diez meses por lo hubiera sido factible una situación de semilibertad.

Por su parte, la sentencia remarca que quienes aparecen como interesados y reclamantes en dicho procedimiento son "exclusivamente los dos progenitores, pero en modo alguno los dos hijos del matrimonio, ya que las peticiones de la demanda realizadas en nombre de éstos no pueden ser admitidas desde el momento en que no hay una reclamación previa en su nombre".