El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, de 42 años e hijo del presidente del Tribunal Constitucional y que fue detenido y puesto en libertad hace nueve días por una presunta agresión sexual a una mujer de 36 años, fue ingresado de nuevo el pasado viernes por la noche en un centro psiquiátrico de Madrid.
Una ambulancia del Summa escoltada por el Cuerpo Nacional de Policía acudió a su domicilio en el barrio de Canillejas y le evacuó a una unidad especializada de un centro sanitario madrileño, según confirman fuentes médicas. La novedad de este traslado es que se trataría de una orden judicial tras un presunto intento autolítico y a petición de un familiar directo, según la Policía.
Cándido Conde-Pumpido Varela tacha de "montaje" el suceso que le llevó a pasar dos días en el calabozo, después de que una mujer brasileña lo acusara de violarla -junto a otros dos hombres- en su chalé de Madrid.
Sin embargo, 48 horas después de que la Policía detuviera al abogado y a los otros dos jóvenes, la magistrada no dio validez a la versión aportada. El letrado puso sobre la mesa los vídeos de las cámaras de seguridad de su casa de la zona de Canillejas, en los que se observa a ambos, aunque sin la presencia de los otros dos hombres.
En su auto, la juez hacía una fotografía de la secuencia de los hechos a partir de los fotogramas y señaló que las grabaciones desvirtuaban las denuncia de la víctima de la agresión sexual.
En libertad sin cautelares
El juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ponía el pasado domingo en libertad sin medidas cautelares -incluso la orden de alejamiento solicitada por la víctima- al abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional y a otros dos hombres, puestos hoy a disposición judicial por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por un presunto delito de agresión sexual.
La titular de dicho juzgado, María Isabel Durántez, ha rechazado así lo solicitado por Fiscalía, que había pedido orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual, aunque no había solicitado prisión porque la víctima no presenta lesiones, según fuentes fiscales.
En el auto, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la instructora señala que, "de lo actuado hasta el momento se estima que no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada".
La magistrada detalla en el auto que las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda que ha aportado la defensa de Conde-Pumpido Varela "desvirtúan la versión" de la presunta víctima.
En la grabación, donde se ven "distintas dependencias" de la casa a lo largo de toda la madrugada y hasta primeras horas de la mañana del viernes, no se observa "ninguna situación similar a la descrita" por la mujer en la denuncia, dice.
La juez indica que, aunque sí se ve a la denunciante y a Conde-Pumpido Varela, no aparece otro de los hombres señalados por ésta -"que según sus manifestaciones puede acreditar que se encontraba ubicado en otro lugar desde las 22.00 horas" del jueves- "sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos" de la mujer.
El letrado de Conde-Pumpido, Ricardo Álvarez-Ossorio, ha insistido en distintas intervenciones que ha realizado estos días en los medios de comunicación que su cliente y la denunciante se conocieron en una fiesta días antes y que el motivo por el que ella le denunció podía obedecer a una suerte de venganza. Aseguró que iba a presentar una denuncia falsa contra la mujer y que había pruebas para demostrar que la supuesta víctima se inventó todo tras ser expulsada de la casa por Cándido el viernes. La mujer, sin embargo, mantiene que fue agredida sexualmente y que el abogado perdió esa noche el control tras mezclar varios fármacos con algunas sustancias estupefacientes. Además, la mujer contó al poner la denuncia que durante esa noche su madre le llamó por teléfono y le preguntó que por qué no había ido al psiquiatra.
El caso está en manos de las UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuyos agentes fueron los que tomaron declaración a la víctima que denunció la violación múltiple en casa del hijo del presidenta del Tribunal Constitucional. Tras denunciar los hechos, los funcionarios llevaron a la joven al Hospital de La Paz, donde se activó el protocolo establecido para una agresión sexual.
