Los test defectuosos fabricados por la empresa china Bioeasy Biotechnology, llegados a España en marzo por la compra del Ministerio de Sanidad, fueron adquiridos a través de la sociedad Inter Pharma por 17,1 millones de euros.
Se trata de 659.000 test para detectar de forma rápida el coronavirus, que resultaron inservibles y por los que el Gobierno exigió la devolución de 6.988.035 euros que ya había abonado, según adelanta El Mundo. El contrato de adquisición fue rubricado entre el Gobierno y la empresa Inter Pharma, el pasado 18 de marzo.
Sanidad rechazó los test por fallidos
El Ministerio de Sanidad comunicó a la intermediaria Inter Pharma que "la técnica de detección de antígenos" del coronavirus "ha de tener más del 80% de sensibilidad y el 99% de especificidad" y que sobre la entregas realizadas el 21 y 25 de marzo “el Instituto de Salud Carlos III, tras realizar los correspondientes estudios de fiabilidad de los test suministrados” ha constatado que “la sensibilidad de la prueba rápida es muy inferior en nuestro medio a lo que indica la validación clínica”.
Sanidad rechazó los suministros por “los vicios o defectos observados en ellos e imputables a Inter Pharma”, a la que reclamó el importe de 6.998.035 euros (IVA incluido) adelantado.
La especulación sobre el hijo de José Bono
De esta manera, queda esclarecido el nombre de la empresa intermediaria que usó el Gobierno para adquirir los test, en el momento más álgido de la crisis sanitaria.
A principios de abril, las redes sociales se hicieron eco de la especulación lanzada por el periodista César Vidal , quien en un programa de radio dijo con que los test fallidos adquiridos por el Gobierno “habrían llegado hasta España gracias a que el marido del hijo de un importantísimo político que ha ocupado cargos importantísimos se lleva la comisión”. Se refería al joyero Aitor Gómez, pareja de José Bono junior.
Tras los comentarios en Twitter, el hijo del expresidente del Congreso y su pareja interpusieron una demanda contra varias cuentas de Twitter desde las que los habrían difamado por difundir que ambos se habrían lucrado llevándose una comisión de la compra por parte del Gobierno de tests para detectar el coronavirus y que finalmente fueron erróneos.
