El Ayuntamiento de Madrid abandona a casi 15 familias con menores a su cargo en el distrito de Villaverde. Algunas son familias numerosas, otras familias monoparentales. Pero todas son unidades sin recursos y vulnerables ante la gestión de su impasible alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que tenía dos años para reubicar a las familias en situación de exclusión social.

Formaban parte de un convenio que había firmado la organización Cruz Roja junto a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en el año 2021. Bajo este acuerdo, la EMVS cedía de manera temporal las viviendas públicas a la entidad para alojar y mantener a las familias vulnerables en el contrato acordado por el Área de Familias del Consistorio. Ahora transcurridos dos años, abandonadas tras un limbo judicial, Almeida deja en la calle a 14 familias en exclusión social, aunque podrían ser más.

Sin saber a dónde ir

Marisol es portavoz de las familias afectadas en la calle transversal Sexta. Tiene dos hijos menores de edad a su cargo y solo cuenta con una prestación que ronda los 300 euros como subsidio por su situación de desempleo. La madre ahora ha recibido una carta de la EMVS solicitando la entrega de llaves para marcharse de la vivienda. “Te voy a ser sincera. Cobro 307 euros de una ayuda del paro. ¿Cómo lo hago?”, cuenta la madre a ElPlural.com

“Ahora nos vemos en la situación de que nos quieren echar de las viviendas. No tengo ningún recurso, no puedo ir a ningún lado, nos están pidiendo las llaves. De hecho, nos están coaccionando”, argumenta Marisol. “Cruz Roja también nos ofreció dinero para que abandonáramos las viviendas”, agrega.

No, no hemos recibido ninguna respuesta. Tampoco hemos tenido ninguna reunión con ellos, como están diciendo

Las familias no han recibido respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid, que hace una semana aseguraba que se pondría en contacto con las unidades para “estudiar caso a caso” su situación. “No, no hemos recibido ninguna respuesta. Tampoco hemos tenido ninguna reunión con ellos, como están diciendo”, explica.

La EMVS ha contado a ElPlural.com que "tiene la obligación legal de reclamar esas viviendas" y que "no tiene contrato" con "esas familias que ahora mismo ocupan las viviendas". Este periódico no ha recibido respuesta de Cruz Roja. 

Estas unidades lo único que piden es un alquiler acorde con sus ingresos económicos. “Nosotros no hemos entrado de okupas, sino que hemos entrado pagando nuestras facturas y nuestros alquileres”, dice tajantemente. Pero Marisol denuncia las palabras del Consistorio y de la EMVS, que apelan a las familias a que entreguen la vivienda para “poder comenzar a tener una comunicación directa con ellas”, según recoge la Agencia Efe.

Sin embargo, “ellos dicen que no nos conocen, que no saben quienes somos porque no han tenido ningún contacto con nosotros”. “Nosotros entramos por un recurso, por una ayuda y ese recurso se supone que es para ayudar a familias que tengan menores y de la noche a la mañana de dicen que tienes que abandonar tu piso y entregar tus llaves”, declara.

‘Mamá, ¿qué va a pasar?’

Hakima también tiene a cargo cuatro hijos menores de edad. En el interior de su domicilio viven siete personas. Ella es la única que trabaja para recibir unos ingresos económicos de casi 900 euros y que apenas le alcanzan para mantener a su familia. “Mis hijos ya están en pánico y siempre me preguntan: ‘Mamá, ¿qué va a pasar?”, confiesa la madre. “No se lo que va a pasar”, responde.

La mujer indica que sufre de episodios epilépticos tras esta situación. También señala que tiene el hombro partido y que por ello ahora está de baja médica. “No me parece bien que saquéis a una familia vulnerable para que entre otra familia vulnerable. No me lo explico, no lo entiendo”, dice la madre a este periódico.

No me parece bien que saquéis a una familia vulnerable para que entre otra familia vulnerable

El mayor miedo de Hakima es la denuncia de la EMVS. “Estamos muy preocupados porque me imagino que después del burofax viene una denuncia, después viene un alzamiento y ya pues vienen un montón de furgonetas de policía”, dice la madre con los ojos lagrimosos. “No hay ninguna alternativa, no nos ayudan. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada”, lamenta con la cara cabizbaja.

Piden un alquiler social

Cynthia también tiene el mismo miedo. Espera la denuncia de la EMVS, mientras su salud mental se agrava poco a poco. “Yo me veo en la calle y soy adulta, pero yo pienso en el menor, un menor que está totalmente estable y que de repente se tenga que ver en la calle en un futuro…. Eso me tienen en vilo”, relata la sociosanitaria.

Yo no me creo nada, yo creo que van a denunciar

“Mi hijo tiene 10 años y todavía es muy dependiente, entonces es complicado”, dice la madre que forma una unidad monoparental y que hasta incluso ha solicitado pagar una hipoteca por la vivienda. “Me dicen que no”, explica sobre la respuesta de la empresa municipal. La joven denuncia la actitud de la entidad y del Ayuntamiento, este último que afirmaba estudiar cada situación familiar. “Yo no me creo nada, yo creo que van a denunciar”, considera.

La familia de Fatoumata también es una de las perjudicadas. “Estamos muy preocupados”, responde a este diario. En su caso, habitan ocho personas en el interior de su vivienda. Ella pide un alquiler social. “Yo no tengo familia aquí, no tengo nada. Solo tengo a mi marido y a mis hijos”, explica la madre que recibe ingresos temporales como camarera de pisos. Fatoumata cuenta su historia mientras sujeta un carrito para niños en el que lleva a su hijo. La madre lamenta la situación de los niños. “Los niños siempre tienen hambre. Cuando tenemos comida comemos, cuando no comemos nos sentamos”, confiesa.