Una médica del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, ha denunciado maltrato institucional de su centro por negarle la posibilidad de abortar tras sufrir, a las 17 semanas de gestación, la rotura prematura de la bolsa amniótica, lo que provocaría al feto "un pronóstico infausto", según los ginécologos.

Según ha explicado la propia médico, Marta Vigara, en una entrevista en la SER, en diciembre pasado tuvo que ser ingresada con antibiótico intravenoso, y los ginecólogos le comunicaron era muy difícil la viabilidad del feto por la falta de madurez de los pulmones y que podía haber, además, deformaciones en las articulaciones, alteraciones neurológicas y nulo desarrollo de extremidades. Ella, que es geriatra en el Clínico San Carlos, decidió junto a su marido  la interrupción del embarazo, pero en el hospital le dijo que en ese centro no era posible porque todos los profesionales del departamento son, desde 2009, objetores de conciencia siempre que haya latido fetal y derivan a las mujeres a clínicas privadas.

No le informaron de los riesgos para ella

La doctora Marta Vigara ha denunciado también que le omitieron la información sobre el peligro que podía suponer la situación para su propia salud, un riesgo de infección grave. Le dieron el alta para que gestionara ella sola la interrupción del embarazo en una clínica privada donde la prestación es gratuita. En ningún momento contemplaron que era un aborto terapéutico, por razones médicas, a pesar del mal pronóstico para el bebé y el peligro para la madre ante la rotura de la bolsa amniótica. Finalmente le practicaron el aborto en el centro Isadora y fue ella misma la que tuvo que buscar ayuda para que se lo realizasen urgentemente porque había empezado a sangrar. 

Según ha relatado la médica se aprovecharon de su "vulnerabilidad" y "a día de hoy que estoy psicológicamente más fuerte, te puedo decir que en su momento me sentí abandonada y casi maltratada. Pero en cuanto me pasó, me sentía culpable y miserable porque te trasladan la culpabilidad a ti. Como el feto está vivo, si quieres vas tú y la rematas, por tu cuenta".

Sin respuesta de las instituciones

Marta ha denunciado sin éxito su caso ante la dirección del hospital y el servicio de Ginecología, los comités de violencia de género y de ética del centro, la consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos de Madrid. Según ha asegurado la especialista, no ha tenido una respuesta positivia de nadie porque no reconocen una actuación incorrecta por parte del hospital. La médico ha anunciado que enviará una carta a las ministras de Sanidad e Igualdad pidiéndoles que tomen medidas y protocolos que garanticen el acceso al aborto en los hospitales públicos.

La ley del aborto de 2010 permite la objeción de conciencia de manera individual, pero no colectiva como se ha producido en este caso. La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge que los profesionales sanitarios "directamente implicados” en una IVE tienen derecho a la objeción de conciencia "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas". Según la Cadena SER, tienen constancia de que otras mujeres han vivido experiencias similares en el mismo centro hospitalario.