El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) ha denunciado la proliferación en pisos particulares de cocinas y lavanderías clandestinas.

Según los administradores de fincas, en el caso de las cocinas, se trata de viviendas "donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos inquilinos o propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad". Suele tratarse de profesionales que han tenido que cerrar sus locales debido a la pandemia o de particulares, generalmente inmigrantes, que cocinan recetas de sus países de origen o bocadillos y luegolos venden a los clientes directamente.

Sin los permisos requeridos

La secretaria del COAFGA, Teresa Suárez Agrasar, ha dicho a La Voz de Galicia que "además de ser una actividad clandestina que no cuenta con los permisos oportunos, la falta de instalaciones adecuadas y seguras ponen en riesgo a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios, sin olvidar los numerosos trastornos que ocasionan, como exceso de ruidos, trasiego excesivo de gente, olores y humos, generación de grandes cantidades de basura y atascos constantes en tuberías y desagües provocados al tirar restos de comida por los fregaderos".

Otra actividad clandestina en Galicia son las lavanderías en viviendas. "Hemos visto casos de pisos con varias lavadoras o incluso trasteros con cinco o seis máquinas. Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día", explica la secretaria del Colegio de administradores de fincas.

Aumento de la prostitución

 No son las únicas actividades ilegales detectadas por esta organización, que denuncia, además, el uso de garajes privados para arreglar coches que posteriormente se ponen a la venta, el cultivo de marihuana y, en gran medida, la prostitución. 

Los vecinos tienen miedo a denunciar

"La razón de que estás actividades se sigan realizando con impunidad se debe a la lentitud administrativa y a que para denunciar se precisa del acuerdo previo de la junta de propietarios del edificio, algo que no siempre se produce", aseguran desde el colegio.

Los vecinos tienen difícil probar que se está cometiendo un delito porque es complicado conseguir pruebas y, sobre todo tienen "miedo a represalias del que comete la actividad delictiva".

Los administradores aconsejan que para evitar este tipo de hechos se instalen cámaras de videovigilancia en los portales, aunque son conscientes de que eso no siempre es posible por el elevado coste que supone.