La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, fundada por Pilar Manjón, ha advertido que “se ve abocada” al cierre por una sanción impuesta por la Agencia Tributaria en relación con la falta de justificación de una subvención del Ministerio de Derechos Sociales. Entre multas y recargos, la cuantía asciende a más de 65.000 euros. Mientras la asociación apunta a errores burocráticos, el ministerio dirigido por Ione Belarra señala que “no se ha justificado la subvención recibida”.

Ante tal situación, la asociación de víctimas de atentados yihadistas, ahora presidida por Eulogio Paz -padre de Daniel Paz Manjón, de 20 años y asesinado por el terrorismo yihadista en la estación de El Pozo en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004-, ha difundido una nota en la que explica que recibió una subvención en 2012 de 49.500 euros para las labores que realizan de atención a los afectados de atentados y sus familiares.

Este tipo de subvenciones se adelantan y la cantidad entregada se utiliza en el ejercicio siguiente y, posteriormente, se justifica ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. En este sentido, la asociación asegura que fue en 2014 cuando remitió la justificación “consistente en el informe favorable de un auditor de cuentas externo”, en el que se detallaba a dónde había ido a parar el dinero y donde se adjuntaba el resto de documentación requerida. No obstante, tres años más tarde, en 2017, el ministerio requiere a la asociación para que entregue los documentos originales de los gastos.

Cuatro años después, este 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 requiere el reintegro de 42.494,36 euros al no dar como válidos los justificantes de gastos, ya que algunos de ellos no incluían el sello de imputación a la subvención. Sin embargo, no han puesto en duda la correcta ejecución del programa subvencionado y sí denegaron la posibilidad ofrecida por la asociación de subsanar el defecto, que consideran “meramente formal”.

Desde la Asociación 11-M aseguran que enseguida recurrieron la decisión ante los tribunales y contactaron con el Ministerio. Asimismo, apuntan que hasta el subdirector general “reconoció el error cometido”, les pidió disculpas, se comprometió a emitir el certificado acreditativo de la suspensión y les instó a no formalizar el pago. Pese a ello, tras semanas de espera, “acabó retractándose y negando el certificado prometido”. Fue poco después cuando la Agencia Tributaria puso en marcha el trámite de embargo, que los obligó a hacer el pago de inmediato.

La versión del Ministerio

Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han explicado a este medio que la entidad “no ha justificado la subvención recibida, según las normas aplicables que le eran conocidas en el momento de acceder a la misma”. “El Ministerio de Derechos Sociales está obligado a aplicar estas normas en la revisión de las justificaciones, conocidas e incumplidas por la entidad, y dar traslado a Hacienda”, indican.

Además, añaden: “A la hora de comprobar que una subvención se ha gastado conforme a derecho, hay que cumplir con la finalidad de la subvención y con los requisitos formales de justificación (sobre todo, como es el caso, cuando estos requisitos están hechos para evitar fraudes). La jurisprudencia es clara y hay que aplicarla”. No obstante, reconocen que se ha atendido a la asociación y se ha llegado a mantener una reunión con ellos, además de varias llamadas y correos telefónicos.

Consecuencias del error

Tal como denuncian desde la Asociación 11-M, “el propio Ministerio en su última resolución dice, textualmente que ‘se incide en que la resolución recurrida no pone en duda la ejecución del programa subvencionado’, manifestación que supone un reconocimiento expreso del irreprochable destino de los fondos y de la consecución de los objetivos de la subvención”. Además, recuerdan que también fue auditada favorablemente por un auditor externo, “lo que conjura cualquier atisbo de fraude por la falta de los sellos”. Sellos, a su vez, “que no se estamparon en las facturas, pero sí constaban en los informes anejos que daban cuenta de los trabajos facturados”.

Del mismo modo, critican que, además de exigir los 42.494,36 euros por esos incumplimientos, se les obligue a pagar intereses por un importe de 14.313,47 euros, correspondientes “a los siete largos años que la administración ha tardado en comprobar que faltaban esos sellos en las facturas”. También consideran “directamente intolerable” que les apliquen recargos por más de 9.000 euros mediante una providencia de apremio “directamente ilegal y nula de pleno derecho”.

Ante todo este embrollo, la asociación denuncia que le están abocando al cierre. “Después de 17 años trabajando para víctimas de terrorismo, lo que algunos llevan muchos años intentando, haciéndonos pasar por situaciones muy duras y difíciles, tanto económicas como de todo tipo, terminarían por conseguirlo. Siempre nos han considerado molestos y verían cumplido su deseo de nuestro final, de la desaparición de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo”, señalan.

Y concluyen: “Con el firme propósito de que no sea así, estamos desplegando todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, interponiendo los recursos administrativos y judiciales pertinentes con el fin de revertir esta situación que trasciende lo meramente económico a la vista del comportamiento seguido por las administraciones implicadas y de algunas de las decisiones adoptadas, que entendemos que han transgredido los principios de buena fe y de confianza legítima que deben presidir las relaciones con los administrados”.