En medio de la polémica por la convocatoria por parte de Jusapol de una nueva movilización el próximo 6 de abril, en plena precampaña electoral, la Agrupación Reformista de Policías ha propuesto al Gobierno un modo de atajar el problema.
Este sindicato progresista y reformista del Cuerpo de Policía Nacional, ha remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le insta a utilizar "fórmulas empleadas por el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español durante el mandato de 2005 a 2008".
A juicio de esta entidad, es hora de "llegar a un acuerdo definitivo que ponga paz social en el CPN, y que la labor profesional de miles de funcionarios se vea compensada de forma muy distinta a lo llevado a efecto por el Partido Popular y los sindicatos policiales firmantes del mal llamado acuerdo de 'equiparación salarial'". "Éste, en absoluto, satisface al cien por cien del colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", precisan.
Por ello, proponen recuperar un modelo anterior que "supo conjugar y satisfacer todos los intereses en juego". Se trata del acuerdo que se firmó el 28 de diciembre de 2006 entre el Ministerio del Interior y los sindicatos SUP-UFP-CEP-SPP, en el que se pactó, expresamente, que la subida del 3,16% prevista para 2007 "se pagaría íntegramente como componente general del complemento
específico, pese a no haberse concretado así en el acuerdo inicial".
Destaca ARP que se hizo de este modo para que "la mejora repercutiera, al máximo, también sobre los funcionarios en situación de segunda actividad sin destino".
Secuelas del PP
Trece años después, el Gobierno del Partido Popular, con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministro del Interior, y esos mismos sindicatos "con distinto talante político-sindical en sus ejecutivas", afirman desde este sindicato, acordaron una subida salarial "conceptuándola como componente singular del complemento específico y como complemento de destino". De este modo, denuncian, se dejó fuera a miles de policías y guardias civiles en segunda actividad sin destino y reserva activa, "impidiendo que reciban lo que les corresponde por ley, es decir, el 80% de lo que perciba el funcionario en situación administrativa de activo". La Agrupación Reformista de Policías tiene claro que se hizo de manera intencionada.
Desde la entidad insisten en que "el Partido Popular ha dejado un serio conflicto laboral en la Policía", un problema, subrayan, que debe solventarse "sin dar continuidad a unos acuerdos (los del anterior Ejecutivo) 'pactados', entre otros, con aquellos que se alinean con los convocantes de la manifestación del pasado día 10 de febrero en la Plaza de Colón de Madrid".
ARP pide al Ejecutivo de Sánchez que "supere la situación heredada y establezca un mecanismo para concebir un acuerdo definitivo que equipare, de verdad y sin discrimnaciones, a las policías del Estado con las autonómicas". Insisten en que aún hay tiempo. "Tenemos hasta el 28 de abril", recalcan.
