La celebración anual del sí colectivo a nuestra Carta Magna, debe servir a la crítica intelectual para reflexionar sobre el estado de salud de nuestra Suprema. La eficacia normativa, o dicho en otros términos, el grado de cumplimiento de algunos de sus postulados jurídicos, debe establecer los criterios del diagnóstico para corregir las distancias entre la idealización de sus escritos y la praxis cotidiana de los hechos.

La reforma de nuestra cúspide normativa y el anuncio del final de ETA han marcado, sin duda alguna, un antes y un después en el discurso mediático de nuestras semillas.

El anuncio final de la violencia por parte de la banda terrorista ha sido la manifestación más evidente del poder constitucional del Estado de Derecho. El argumento jurídico como arma de lucha contra el hacha y la serpiente ha conseguido desarmar las palabras sin rostro, que decíamos atrás, y poner un aliento de esperanza en la ardua transición hacia la paz.

La limitación del déficit público por imperativo legal en todas las Comunidades Autónomas ha roto la rigidez de nuestro árbol constitucional. La reforma de la Suprema sin el referéndum civil de la mayoría ha sido, sin lugar a dudas, el estruendo crepitar de sus ramas ante la mala calidad de sus aguas de regadío. Una vez más, los dictámenes del derecho comunitario y la sumisión de las élites políticas a los dictámenes del “merkelismo” han retratado las tierras agrietadas de nuestros cultivos democráticos.

El derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, raza o religión ilustra con creces la crítica constitucional que denunciamos atrás.

El peso mayoritario de nóminas con nombre de varón, la brecha salarial entre sexos y la disparidad de cargos directivos en empresas públicas y privadas sacan los colores al artículo 14 de nuestra suprema.

Las manifestaciones de trato a favor del Estado hacia la iglesia católica, tales como, exención de impuestos patrimoniales, patrocinio de macro eventos religiosos y la batalla civil contra la supresión de símbolos católicos en las aulas dejan en evidencia la ineficacia tardía del postulado 16.

Los casi cinco millones de parados arrojados por la EPA y, sobre todo, la vivienda como derecho y no como inversión ponen a la “altura del betún” la narración utópica de nuestra conmemorada.

Son estas distancias manifiestas entre el hecho y el derecho las que debemos limar públicamente, para que los millones de semillas que otorgaron el SÍ a la Constitución allá por 1978, mantengan en pie la sombra cívica del árbol jurídico que nos cobija.

Abel Ros es autor del blog El rincón de la crítica