Colombia protege un cómic sobre Jaime Garzón ante el giro a la ultraderecha

Imagina que trabajas en una biblioteca nacional y un día decides sacar de tus estanterías, por precaución, unos cómics que llevabas meses guardando con orgullo. Nadie te lo ha ordenado. Nadie ha llamado a tu puerta. Simplemente has hecho cuentas sobre quién acaba de ganar unas elecciones y prefieres no arriesgarte. Eso fue, en esencia, lo que ocurrió hace unas semanas en la Biblioteca Nacional de Colombia, que devolvió a sus autores un lote de ejemplares que tenía bajo custodia. No lo hizo por falta de espacio ni por un simple trámite administrativo. Lo hizo, según explicaron después esos mismos autores, por miedo a que fueran destruidos. Los libros en cuestión eran ejemplares de Yo quiero no morir, la novela gráfica que el dibujante Alfredo Garzón y la dramaturga Verónica Ochoa han dedicado al asesinato de su hermano, el humorista y periodista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá en 1999.

El gesto llega justo después del triunfo electoral del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y ahí está la clave de todo. No hace falta que nadie haya amenazado explícitamente con quemar esos libros para que una institución pública decida, por si acaso, ponerlos a salvo antes de que cambie quien manda. Ese tipo de prudencia, silenciosa y preventiva, dice más sobre el clima político de un país que cualquier discurso incendiario.

Un crimen que Colombia tardó 26 años en reconocer

Jaime Garzón fue humorista, periodista, abogado y mediador humanitario, y su asesinato a tiros cuando se dirigía a su trabajo en una emisora de radio sigue siendo, más de un cuarto de siglo después, una herida sin cerrar del todo. La Fiscalía colombiana señaló como responsables materiales a sicarios vinculados a grupos paramilitares, actuando con la connivencia de agentes del propio Estado. El país tardó décadas en admitir formalmente esa complicidad institucional. Solo en 2025, el Estado colombiano reconoció por primera vez de manera oficial su implicación en el crimen.

Garzón no era un humorista al uso. Con personajes como Heriberto de la Calle o Godofredo Cínico Caspa, construyó una sátira política que incomodaba a todo el espectro de poder, desde el Gobierno hasta el narcotráfico pasando por la guerrilla. Esa incomodidad generalizada, precisamente, es la que muchos señalan como el origen de su muerte. Antes de morir, él mismo sabía que corría peligro, y así lo dejó dicho en una de sus últimas entrevistas, la que da título al cómic de su hermano. "Yo quiero no morir", dijo entonces, consciente de que la frase podía convertirse en un epitafio.

Alfredo Garzón lleva años trabajando en distintos formatos gráficos para mantener viva la memoria de su hermano, y esta última novela gráfica, publicada por Astiberri, profundiza en algo que rara vez se cuenta desde este ángulo, que es el duelo colectivo de todo un país más que la biografía del propio Jaime. No es un cómic sobre un crimen resuelto que se explica desde la distancia, sino sobre una ausencia que sigue moldeando el presente político colombiano, y eso es precisamente lo que lo vuelve incómodo para ciertos sectores.

El auge del cómic de no ficción como vehículo de memoria histórica no es un fenómeno exclusivamente colombiano. En España llevamos años viendo cómo la novela gráfica se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual para narrar episodios de la Guerra Civil o la represión franquista, allí donde el ensayo académico o el documental convencional no siempre logran llegar a un público amplio. Lo distintivo del caso colombiano es que ese ejercicio de memoria se está produciendo casi en tiempo real, con los protagonistas de la historia todavía vivos, y con instituciones públicas que ya anticipan que ese relato puede volver a ponerse en riesgo.

Lo que revela el miedo de una institución

No hubo una orden explícita de censura, ni una amenaza formal contra la institución. Hubo, simplemente, un cálculo preventivo, la sospecha razonable de que un cambio de gobierno podría poner en riesgo unos materiales incómodos, y la decisión de actuar antes de que ocurriera cualquier cosa. Es un tipo de autoprotección que dice mucho sobre cómo se vive, desde dentro de las instituciones culturales, la llegada de un poder político hostil a ciertos relatos.

En España, la gestión de la memoria de la Guerra Civil ha mostrado en varias ocasiones cómo un cambio de signo político en una comunidad autónoma puede alterar de la noche a la mañana el tratamiento de determinados fondos documentales, exposiciones o subvenciones a proyectos de memoria histórica. 

Alfredo Garzón y Verónica Ochoa han sido claros en las entrevistas que han concedido sobre el sentido de su trabajo. Ellos no querían situar a los asesinos en el centro del relato, algo que consideran que ya ha ocupado demasiado espacio en la historia oficial. Querían, en sus propias palabras, proponer otro centro narrativo, el de la vida de quienes fueron asesinados por pensar distinto.