Este lunes, el Gobierno de Italia anunciaba que mantendrá los controles fronterizos a los viajeros que lleguen procedentes de España bien sea por mar o aire. Una quincena más se amplía la ruptura del acuerdo Schegen por parte del Ejecutivo de Giorgia Meloni, que, tras el estallido de la crisis de Ceuta, tomaba la decisión de mirar con lupa a todos aquellos que llegaran al país desde territorio español. Una medida controvertida y que ha generado descontento en Moncloa, la cual ponían en marcha argumentando motivos de seguridad nacional y lanzando severas críticas al equipo de Pedro Sánchez por su forma de gestionar el ámbito migratorio.
No obstante, una vez pasado un mes y con España trabajando en abordar la situación surgida en la ciudad autónoma situada al norte del continente africano, el ministro de Interior de Italia, Matteo Piantedosi, viene comenzando a valorar los esfuerzos del Ejecutivo de Sánchez y, por ello, se ha mostrado partidario de poner fin a los controles fronterizos. No obstante, esta postura genera fricciones en el Gobierno italiano, ya que tanto Meloni como el responsable de la cartera de Exteriores, Antonio Tajani, le han expresado su voluntad de mantener la ruptura del acuerdo Schengen con España. Posiciones contrarias que debían encontrarse este lunes en la reunión en la que el trío debía decidir si se prorrogaban o no las comprobaciones de las listas de pasajeros y las identificaciones de aquellos que ponían pie en suelo italiano. En este punto, Piantedosi, Meloni y Tajani alcanzaron una solución intermedia, que fue la de decidir a principios de esta semana que los controles fronterizos debían de seguir realizándose, al menos, 15 días más.
El ministro de Interior italiano expresaba, tras comunicarse la decisión, que se valoraban positivamente “las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización”, al tiempo que aseguraba que la conversación telefónica que mantuvo con Fernando Grande-Marlaska para comunicarle la extensión de los controles fronterizos durante 15 días había sido "constructiva". Entre otros asuntos, Piantedosi expresó su deseo de que esta sea la "última prórroga". Una postura esta que no solo chocaba con la posición actual de Meloni o Tajani, sino también con las severas palabras que ambos expresaron al inicio de la crisis migratoria de Ceuta.
"La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", decía el ministro de Exteriores italiano el 30 de julio, mientras que Meloni señalaba días más tarde, junto a la primera ministra de Dinamarca, que "nadie puede negar los impactos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumentan las tasas de criminalidad y la presión sobre los servicios públicos, y se desgasta la confianza de los ciudadanos". A ello, ambas añadían que "es particularmente grave cuando los migrantes ilegales, privados del derecho a quedarse en nuestros países, cometen crímenes violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual", asegurando que la ciudadanía espera de ellas "acciones concretas".
En el Gobierno de Meloni también gana peso la posibilidad de prolongar el enfrentamiento, al menos hasta la celebración del próximo Consejo Europeo, fijado para los días 15 y 16 de octubre. En ese escenario, Roma podría tratar de situar de nuevo a Sánchez en una posición incómoda en el debate migratorio. Para ello, podría apoyarse en la iniciativa impulsada por Italia y Dinamarca, llamando a una acción europea conjunta, después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Mientras tanto, Italia mantiene abierto en Bruselas otro conflicto relacionado con la inmigración: el de los llamados dublinantes. Se trata de solicitantes de asilo que, de acuerdo con las normas europeas, pueden ser devueltos al Estado miembro considerado responsable de examinar su petición, que en numerosos casos es el país por el que entraron inicialmente en la Unión Europea. En este terreno, Roma parte de una posición especialmente complicada por el elevado número de llegadas que registra el país, incluso por encima de España. Alemania y Austria han empezado a reactivar este verano los traslados de solicitantes de asilo hacia territorio italiano.
España, por su parte, también podría recurrir a este mecanismo, pero hasta el momento ha optado por no solicitar dichos traslados. El propio Piantedosi ha interpretado esta decisión como una señal de voluntad de rebajar la tensión entre ambos gobiernos. Sin embargo, en Madrid se podría reconsiderar est postura si el Ejecutivo de Meloni decide mantener el pulso con España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta.
¿Qué es el acuerdo Schengen?
El espacio Schengen es una de las principales estructuras de integración de la Unión Europea y permite la libre circulación de personas entre los países que forman parte de él. Su principal característica es la eliminación de los controles fronterizos sistemáticos entre los Estados participantes, de manera que un ciudadano puede desplazarse de un país a otro sin tener que pasar por controles de pasaportes en las fronteras interiores.
El acuerdo comenzó a aplicarse en 1995 y actualmente engloba a la mayoría de los países de la UE, además de algunos Estados asociados que no pertenecen a la Unión, como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
La desaparición de los controles interiores se sustenta en una mayor cooperación entre los países participantes, especialmente en materia de seguridad, control de las fronteras exteriores y lucha contra la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza.
No obstante, la normativa permite recuperar temporalmente los controles en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales. Los Estados pueden hacerlo cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, aunque deben justificar la medida, limitarla en el tiempo y comunicarla a las instituciones europeas.
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