La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) ha implicado a la Xunta de Galicia en la etapa del Gobierno de Feijóo en su investigación al director del periódico El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa. Según lo publicado por elDiario.es, el máximo dirigente del diario regional habría ocultado dinero recibido de administraciones públicas gobernadas por el PP a la vez que acumulaba una deuda con sus trabajadores de hasta 24 nóminas.

Tal y como refleja la investigación de esta unidad de la Policía Nacional, impulsada por la jueza Ana López-Suevos, los delitos que Rey Novoa habría cometido comprenderían algunos como el blanqueo de capitales. Su intención pasa por esclarecer las maniobras de la cúpula de El Correo Gallego para evitar una cascada de deudas y embargos mientras desviaban sus ingresos, obtenidos de instituciones públicas como la Xunta de Galicia durante el Gobierno de Feijóo, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Los investigadores de la UDEF que están llevando a cabo el proceso apuntan a que los directivos del periódico habrían recibido dinero público sin declararlo dentro de la empresa al mismo tiempo que tenían impagos de hasta 24 mensualidades a sus empleados. La propiedad de El Correo Gallego fue asumida por José Manuel Rey Novoa durante el periodo del actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta de Galicia.

La Xunta de Feijóo, implicada en la investigación de la UDEF

La gestión del actual director, Rey Novoa, de la sociedad del diario gallego provocó un desastre financiero y ético que ahora se encuentra investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela. Presuntos delitos de administración desleal y blanqueo de capitales son los que se le imputan al máximo dirigente de El Correo Gallego, además de la implicación también de su mujer, Fátima Otero, y el todavía gerente del diario, Ángel Remesar.

Por el momento, las imputaciones todavía no han llegado a ningún cargo de la Xunta de Galicia, aunque la jueza tiene en su poder información que cuestionaría el papel de la institución pública presidida por Alberto Núñez Feijóo. El periódico gallego tenía todas sus cuentas embargadas y era un habitual de la lista de morosos de Hacienda, por lo que la jurista pone en entredicho el empeño de la Xunta en financiar a un medio de comunicación afín al PP.

La UDEF pone el foco en cuatro aspectos centrales en su investigación: un crédito sospechoso de 2,5 millones de euros que la administración pública dirigida en su día por Feijóo nunca debía haber concedido; la trama de empresas pantalla que el empresario usaba para esquivar los pagos tanto a su plantilla como a la larga lista de acreedores; una red familiar cuyo papel era la compra de propiedades inmobiliarias para supuestamente guardar el dinero y un acuerdo incomprensible por medio del cual la Televisión de Galicia se habría convertido en cómplice de los regates que el empresario le hacía frecuentemente también a Hacienda o a cualquier otro acreedor.