Vox ha decretado una suerte de estado de alarma interno y ha prohibido a sus afiliados reunirse sin autorización previa. Pudiera pensarse que, de este modo, aportan su granito de arena a la lucha por controlar la pandemia de coronavirus, pero nada más lejos de la realidad. La formación liderada por Santiago Abascal también ha lesionado el derecho fundamental de reunión incluso por vía telemática, por lo que el objeto de la medida es otro.

El partido se encuentra inmerso en un proceso de renovación de los comités provinciales de cada partido. Las distintas candidaturas deben exponer sus programas y ganar adeptos. Y con esta criticada medida impuesta por el Comité Electoral (Comité Electoral) de Vox, pueden llegar a controlar las reuniones, la captación del voto y, en consecuencia, la perpetuación de las listas oficialistas.

La decisión tiene su origen en un encuentro que se celebró en un pub de Elche entre miembros de una lista que compite en Alicante. La cita se hizo sin permiso y las personas allí reunidas, según relata El País, no llevaban mascarilla ni preservaban la distancia de seguridad. No obstante, resulta evidente que el objetivo del CEL no es contribuir a atajar el coronavirus puesto que tampoco se permiten reuniones por videoconferencia.

En caso de saltarse la prohibición, la candidatura en cuestión quedará expulsada inmediatamente del proceso electoral. En Elche, la candidatura reunida en el pub no ha sido descalificada, pero sí que ha suspendido toda su actividad de campaña.

El reglamento interno de Vox no ampara decisiones tan drásticas que lesionan derechos fundamentales. Lo único es que el Comité Electoral tiene la prerrogativa de controlar el censo de afiliados y convocar reuniones utilizando las herramientas del partido a petición de las distintas candidaturas. Eso sí, esto no implica que no puedan celebrarse encuentros fuera de este marco.

Desde la formación liderada por Abascal justifican que así se puede “coordinar oportunamente [estos actos] con [la dirección de] Comunicación nacional”; es decir, con el gabinete de prensa.

Conviene recordar que esta medida se ha implementado en un momento en el que existen varios focos críticos dentro del partido que acusan a las gestoras impuestas a dedo por la cúpula de utilizar los recursos y herramientas del partido en beneficio propio para perpetuarse.

Hasta ocho candidaturas han presentado un recurso conjunto en el que denuncian múltiples irregularidades en las elecciones primarias en siete provincias: Barcelona, Murcia, Granada, Toledo, Sevilla, Alicante y Valencia.