El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, que este miércoles prestará declaración ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales Anticorrupción en la cárcel de Estremera, afronta esta nueva comparecencia con ganas de contarlo todo sobre su participación en un proyecto para frustrar una extradición y sus contratos con el BBVA, después de que los supuestos implicados en ambos asuntos que han desfilado hasta ahora por la Audiencia Nacional negasen la mayor.

En concreto, Villarejo será interrogado por las piezas separadas de la causa Tándem 'Pit' y 'BBVA' y lo hará en prisión tras acreditar un informe forense que su estado de salud desaconseja el traslado a la Audiencia Nacional y acordar el juez que en lugar de una vídeoconferencia, se haga allí mismo, de forma presencial, a partir de las 10 de la mañana.

El comisario es el único miembro del "clan parapolicial mafioso" objeto de investigación que sigue en la cárcel, un año y medio después de ser detenido. Tanto su socio Rafael Redondo, como el también investigado comisario Carlos Salamanca pisaron prisión provisional, pero salieron al cabo de unos meses, durante los que ha ido viendo cómo cuantos colaboraron con él, se desvinculan de sus actividades y negaban su capacidad de influencia.

En la pieza 'Pit', por la que responderá mañana, se investigan las gestiones que realizó junto al empresario Adrián de la Joya, el abogado Enrique Maestre, su socio Rafael Redondo y otros implicados para frustrar la extradición a Guatemala del naviero español Ángel Pérez-Maura y la causa por corrupción abierta contra él en aquel país a cambio de 10 millones de euros de los que llegaron a facturar algo más de 7,48 millones, tal y como obra en el sumario de actuaciones.

En sus respectivas declaraciones judiciales, todos negaron cualquier connivencia en actividades delictivas del comisario. De la Joya, con quien según los audios que obran en la causa fraguó el proyecto, afirmó que se veía con él para entretenerse con sus "batallas" y se extendió sobre su capacidad de inventiva y su falta de influencia. Redondo, con quien ha trabajado mano a mano durante años vinculados en distintas mercantiles, también ha negado tener que ver con lo que hacía Villarejo: Ha dicho que él sólo se encargaba del papeleo.

Su hijo, investigado

Entre los investigados está además, su primogénito, José Villarejo Gil, a quien se imputa un presunto delito de cohecho por la logística que proporcionaba y las reuniones a las que asistió en la elaboración del proyecto Pit. En concreto, fue quien dio "teléfonos de seguridad" a los Pérez-Maura para que nadie pudiese rastrear sus llamadas con el clan. El juez le ha prohibido salir de España, le ha retirado el pasaporte e impuesto obligación de comparecer periódicamente.

Las fuentes consultadas inciden en que el comisario tiene ganas de explicar ante los investigadores el papel que jugaban todos y cada uno de los que le vienen negando, tanto en el proyecto 'Pit' como en el caso de los contratos con el BBVA. En esta pieza, uno de los altos cargos investigados reconoció la existencia de contratos con la mercantil vinculada con Villarejo, aunque él no sabía que el comisario estaba detrás de esa sociedad y en todo caso, sus servicios se limitaban a localización de morosos.

El comisario sostiene que detrás de esos encargos hubo "mucho más" y de hecho, durante la instrucción de la causa llegó a vincular su relación con la entidad financiera y los atentados del 11 de marzo en una tesis que cuando amplió en la Audiencia Nacional, fue desestimada por juez y fiscales como inverosímil.

No obstante, los investigadores tienen bajo la lupa una relación de contratos que se prolongó durante casi 13 años y por los que Villarejo y los suyos habrían facturado más de 10 millones de euros, incluido uno relativo a frenar la entrada de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco por el que se habrían acometido seguimientos y espionajes a políticos, empresarios y periodistas.