“No todo lo que no sea un sí ha de ser obligatoriamente un no”. Rotunda y directa, incluso protegiendo el argumento posteriormente. Cayetana Álvarez de Toledo lo ha vuelto a hacer, encharcando el discurso en materia de violencia de género y cuestionando que sea necesario dar la aprobación expresa a la hora de consentir el acto sexual.

El ambiente farragoso se ha vuelto crítico con su posterior disputa con Irene Montero y Gabriel Rufián a colación del argumento esgrimido. Mientras tanto, el resto de los presentes en el primer debate de la campaña electoral observaba de forma atónita cómo esta disputa tenía un segundo capítulo. Adriana Lastra y Aitor Esteban negaban con la cabeza tratando de encontrar algún sentido al déjà vu que tenía lugar, Inés Arrimadas evitaba la condena expresa de los argumentos de su homóloga pidiendo a la izquierda que no tratara de monopolizar el feminismo e Iván Espinosa de los Monteros encontraba el momento perfecto para proponer la cadena perpetua para los violadores.

Como se esperaba, por el carácter de los protagonistas y la importancia de la cita, el debate ha sido tenso, con continuas interrupciones de la derecha en cada una de las intervenciones de Adriana Lastra, que, tranquila, ha cedido el histrionismo a sus homólogos y ha defendido la labor realizada por el PSOE en estos últimos meses.

El reparto de los atriles ha sido aleatorio, pero se han podido ver varios bloques perfectamente diferenciados: más allá de alguna réplica menor para la galería, PP y Ciudadanos se han respetado durante las dos horas de acaloradas interpelaciones; Vox ha jugado por libre, repartiendo sus golpes en función de los intereses del momento; Unidas Podemos y ERC han mostrado sintonía; el PSOE ha visto cómo la mayoría de los ataques se dirigían hacia su ineficacia para formar gobierno y su actuación en Cataluña y, lejos de toda esta burbuja, como si estuviera formando parte de un debate paralelo, el PNV.

Esta batalla dialéctica ha pivotado en torno a cuatro bloques temáticos perfectamente diferenciados: cuestión territorial (Cataluña); economía; cambio climático, igualdad y políticas sociales (aunque Vox haya preferido hablar de racismo) y gobernabilidad y pactos.

A pesar de ello, las propuestas han sido pocas. Llamada a la implantación de más policía en Cataluña por parte de la derecha -aunque los mandos estén mostrándose satisfechos por la coordinación de los diferentes cuerpos del dispositivo-, diálogo y mesa de negociación por parte de la izquierda.

A nivel económico, los partidos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en todo este proceso, provocando el bloqueo de las instituciones y la repetición electoral, sí que han conseguido hablar de una medida en común: un salario mínimo interprofesional de 1200 euros. Por su parte, Ciudadanos, Vox y PP han prometido reducir los impuestos (“la mayor rebaja fiscal de la historia”).

Por último, para finalizar esta primera cita con la democracia representada en forma de debate electoral se ha discutido sobre la gobernabilidad de nuestro país. Un bloque destinado a qué pasará el día después de los comicios. A Inés Arrimadas le huele que la derecha puede sumar -con la extrema derecha, claro-, a Unidas Podemos y ERC que el PSOE pactará con PP y Ciudadanos, a Vox que Albert Rivera dará un volantazo y se arrodillará ante Pedro Sánchez, al PNV que muchos se tragarán sus palabras y, mientras tanto, Adriana Lastra ha criticado la actuación del resto de grupos y ha pedido responsabilidad de Estado y apoyo al partido más votado.