Se cumple un año del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional a la espera de juicio por su relación con los altercados previos al 1-O. Con motivo de este aniversario, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, visitará esta tarde en la prisión al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez.

Según ha informado la Generalitat, Torra también visitará al resto de presos soberanistas que se encuentran en el centro penitenciario de Lledoners: el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Tras esta visita, Torra regresará a Barcelona para participar a partir de las 20 horas en la concentración de protesta que han organizado la ANC y Òmnium Cultural en plaza Catalunya para reclamar la liberación inmediata de Sànchez, Cuixart y el resto de presos.

Con el lema 'Un año de vergüenza, un año de dignidad', las entidades soberanistas exigirán la libertad inmediata de los dos líderes soberanistas por considerar que su situación de prisión preventiva "vulnera sus derechos fundamentales y el de sus familiares".

‘Los Jordis’ fueron los primeros líderes soberanistas en entrar en la cárcel, en su caso, por el papel que desempeñaron en la manifestación que hubo en septiembre de 2017 ante la conselleria de Economía para protestar por las detenciones de altos cargos de la Generalitat vinculados con el 1-O. Desde entonces los dos han solicitado en varias ocasiones la libertad provisional y Sànchez incluso aspiró dos veces a la investidura como presidente de la Generalitat, pero el juez del Supremo Pablo Llarena les denegó tanto la libertad --a los dos-- como la posibilidad de ser investido --Sànchez--.

Amnistía Internacional 

Precisamente este lunes Amnistía Internacional ha pedido su liberación "inmediata" ya que considera que no hay justificación para mantenerlos en prisión preventiva y ha sostenido que su encarcelamiento constituye una restricción desproporcionada de sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

La entidad cree que los cargos de rebelión y sedición son "infundados y tienen que ser retirados", y que, si se demostrara que el 20 de septiembre llamaron a los manifestantes a evitar la operación policial en la Conselleria de Economía, podría constituir un delito de desórdenes públicos.