Parece que en el Partido Popular no se aclaran mucho a la hora de definir qué estudios tienen o dejar de tener sus miembros. El caso más palmario ha sido el de Noelia Núñez, la ya exdiputada y exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, quien la semana pasada dimitió de todos sus cargos tras salir a la luz que falseó su currículum. Pero Núñez no es, ni mucho menos la única a la que los estudios que ha cursado son de una forma u otra dependiendo de dónde se busqué. Al alcalde del PP en Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, también le sucede, pues su currículum varía dependiendo de dónde se busque.

Así, si uno entra en la web del Ayuntamiento del que es alcalde puede leer que Pérez “cursó relaciones laborales en la Universidad de Alicante”, una afirmación en pasado de la que se desprende que finalizó dichos estudios. Sin embargo, la duda sobre si acabó o no los mismos surge cuando se entra en la página de web de la Diputación de Alicante. Allí, en la pestaña dedicada a este tema, la de formación académica, pone que Toni Pérez tiene “estudios de relaciones laborales”, pero si uno pincha en la pestaña de “visualizar títulos”, la misma está vacía.

Y esta duda se incrementa cuando se pincha en los perfiles de otros miembros de la corporación y en sus trayectorias profesionales sí que pone licenciado o diplomado. Este es el caso de Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos. En su ficha aparece que es licenciado en derecho por la Universidad de Alicante. Eso sí, tampoco ha subido sus títulos en la pestaña habilitada para hacerlo, aunque como persona que es técnico de la GVA, actualmente en excedencia, se le presupone total veracidad a lo puesto en la web. La pregunta es: ¿Si existe una pestaña para adjuntar los títulos por qué no es obligado ponerlos?

Los contratos de Pérez en Benidorm

Este baile de nombres en la formación académica del alcalde de Benidorm y mandamás de la Diputación se suma al hecho de los contratos con la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L, vinculada a la trama Koldo que ElPlural.com publicó en exclusiva.

El primero de ellos fue el contrato que se cerró hace ahora algo menos de tres años con el que el Consistorio de la localidad alicantina adjudicó a la firma mencionada el contrato de obra de Musealización integral del Castellum de Tossal de la Cala de Benidorm por importe de 400.994,38 euros.

El segundo es todavía más cuantioso. El mismo ayuntamiento rubricó otro contrato por un importe mucho más alto, en su caso para la reparación de una pasarela peatonal en playa poniente. En este caso, el importe de presupuesto base de licitación fue de 1.672.457,57 euros (con impuestos) y de 1.382.196,34 (sin impuestos). Finalmente, el importe de adjudicación con impuestos fue de 1.567.092,74 euros, y de 1.295.117,97 sin impuestos.

Carlos Mazón y la empresa de la ‘trama Koldo’

Los vínculos del Partido Popular con la empresa valenciana van más allá del regidor de Benidorm y presidente de la sucursal conservadora alicantina. De hecho, suben en el escalafón hasta para alcanzar la figura de Carlos Mazón. En este sentido, destacar que en octubre y en noviembre de 2023, el presidente de la Generalitat -desde octubre del año pasado especialmente en entredicho por su gestión antes, durante y después de la DANA que dejó 228 fallecidos- concedió varios contratos con la ahora firma polémica.

La constructora, que entró en concurso de acreedores el 14 de junio de 2024 por acumulación de deudas -llegó a presentar pérdidas de casi 40 millones de euros-, con filiales en países como Argelia o Panamá y cuya sede fue registrada por la UCO acumuló hasta tres contratos con el Consell del president.

La primera de ellas queda fechada a 3 de noviembre de 2023, aunque no se oficializó hasta el día 27 del mismo mes. En aquella ocasión se centraba en la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota”, en Enguera (Valencia).

Se trató de una licitación impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que actualmente dirige Vicente Martínez Mus, y por la que se pagó 831.645,77 euros.

El segundo de los acuerdos que escaló hasta el líder valenciano lo firmó su Conselleria de Sanidad en el marco de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia”, por un montante de 524.505,38 euros el 6 de octubre de 2023. Si bien, igual que ocurrió en el supuesto anterior, no se formalizó hasta pasados 20 días.

Por último, la tercera adjudicación la rubricó, otra vez, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio; en su caso por el “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios”, a razón de 47.915,90 euros el proyecto. Un contrato que se licitó el 3 de noviembre, aunque aquí no se registró la fecha de oficialización.

Con todos los datos sobre la mesa, cabe confirmar que el Gobierno de Carlos Mazón habría invertido un total de 1.404.067 euros en tres adjudicaciones a Levantina Ingeniería y Construcción SL.

La compañía, con oficina en Alberic y Plaza del Patriarca de València, consiguió contratos con el anterior Ministerio de Transportes que ascendieron a 94 millones de euros. el empresario José Ruz, vinculado a la compañía, negaba el pasado viernes ante el magistrado en el Tribunal Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama para lograr adjudicaciones de contratos de obra pública.

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