Los grupos parlamentarios presentes en el Senado exceptuando al Partido Popular, están de acuerdo en trabajar para crear una Comisión de la Verdad que dé respuesta a la petición de justicia de las víctimas de la guerra civil y el franquismo y sus familiares. Así se expresó el socialista Francesc Antich resumiendo las intervenciones de los senadores de otros partidos que recibieron este martes a la Plataforma para la creación de la Comisión de la Verdad, en el Día Internacional por el Derecho a la Verdad

“78 años en las cunetas”, rezaba el cartel con las fotos de sus seres queridos que portaba Julia Merino, quien venía de Valladolid. Ella como otros familiares relató su historia en el Senado. Tal como Jaime Ruiz, presidente de la asociación memorialista AMESDE, explicó en la presentación ante los senadores, todos ellos reclamaban no solo el derecho individual de las víctimas a que se conozca la verdad, sino más allá para que las nuevas generaciones no la ignoren”.

Cumplir con la ONU
Por su parte, los políticos coincidieron en la necesidad de urgir a que el Gobierno cumpla las recomendaciones a España de los relatores de Naciones Unidas en atención a las víctimas y exhumación de las fosas entre otros temas de una larga lista.

El cordón umbilical del franquismo
 “Es relevante que este acto se pueda hacer en el Senado de España pero lo justo sería que este fuera un acto institucional”, saludó el representante de IU Jesús Iglesias, quien añadió: “el Gobierno se niega a reconocer la condición de víctimas para no reconocer que hubo victimarios. Y ellos aún no han cortado el cordón umbilical que les une al franquismo”.

Cifras ínfimas frente a la realidad
El diputado socialista y abogado Manuel de la Rocha, de larga trayectoria en la reivindicación de la memoria, recordó que cientos de miles de personas fueron asesinadas por defender la legalidad republicana. “Frente a estas cifras, en su día el Ministerio de Justicia dio el dato de 2246 fosas comunes localizadas de las que apenas el 10% han sido abiertas para llevar a cabo las exhumaciones necesarias”.

La inhabilitación de Garzón
“Sigue pendiente el esclarecimiento de la verdad”, continuó el jurista quien denunció: “Baltasar Garzón fue el único juez en España que se ha atrevido a investigar la responsabilidad penal de los golpistas y admitir una querella a trámite. Pero una parte de la clase política no queso que se investigaran sus orígenes y la corrupción inherente. Todo ello acabó con la inhabilitación del juez Garzón”.



El miedo de los jueces
Dijo de la Rocha que otros jueces por miedo a que les ocurra lo mismo que a Garzón no se atreven a actuar, e insistió en la necesidad de que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de hacer justicia a las víctimas. “Si la solución no puede ser jurídica, que sea política”, concluyó.

Remover la impunidad
Contra la impunidad que viven las víctimas, el instrumento más útil para llegar a la verdad puede ser la Justicia Universal. Así se ha visto en el proceso abierto en Argentina por una jueza que ha admitido a trámite las querellas y denuncias de las víctimas del franquismo como antes fuera con origen en España, el caso de Chile. Manuel Vergara, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón recordó que “todo juez puede remover la impunidad desde cualquier país”.

En recuerdo de monseñor Romero
El magistrado José Antonio Martín Pallín, por su parte, recordó que el Día Internacional por el Derecho a la Verdad se instauró en homenaje a monseñor Oscar Romero arzobispo de San Salvador asesinado hace ahora 35 años por un francotirador cuando celebraba la Consagración. El arzobispo había denunciado los abusos del Gobierno contra los Derechos Humanos.

“Franco ayudó a Hitler”
Martín Pallín recordó que el proceso de canonización que se inició con el prelado fue archivado por el Papa Juan Pablo II y que sólo ahora se ha retomado gracias al actual pontífice Francisco. Dijo también que en 1946 el régimen de Franco fue acusado por la ONU de ayudar a Hitler y Mussolini hasta que la guerra fría en 1953 aconsejó a los Estados Unidos a variar el planteamiento.

De 50 ejecuciones a 40
“El régimen se fue dulcificando –dijo el magistrado-. Es decir, bajaron el ritmo de 50 ejecuciones diarias a 40. Fue definitivo que Hitler reprochara a Serrano Suñer esas ejecuciones, explicando que en Alemania se utilizaba al enemigo como mano de obra. Más tarde ante los reproches de Estados Unidos, se retiraron los tribunales militares y surgió el TOP, el de Orden Público”. Y resaltó: “las últimas cinco sentencias a muerte en 1975 fueron reproducción exacta de las del 36”.

Los jueces deben actuar
De los jueces dijo dos cosas más. La primera: “Si aparecen restos humanos con signos de muerte violenta un juez tiene que ir y si no va, está ejerciendo sus funciones de forma arbitraria. Eso es prevaricación”.



“El prevaricador compulsivo”
En segundo lugar se refirió a Baltasar Garzón: “Le echaron de forma ignominiosa. El único juez en el mundo que tuvo tres causas abiertas a la vez. Yo escribí un artículo en que le llamaba ‛el prevaricador compulsivo’, comentó con ironía. “Fue una sentencia vergonzosa la que realizo el Supremo. Tan vergonzosa como impecable fue el auto de Garzón sobre la causa del franquismo”.

“La dignidad de la tierra”
“Sabemos que nunca saldremos de la tierra, pero al menos que la tierra nos cubra con dignidad”, concluyó el jurista. Tras él hablaron las asociaciones y fundaciones memorialistas. Destacaron las palabras de Julián Rebollo, antiguo concejal comunista del Ayuntamiento que presidió Tierno Galván.

Antonio Machado murió de miseria
Dijo Rebollo: “Yo quiero que mi nieto de siete años sepa por los libros de texto que Antonio Machado no murió plácidamente en Francia, sino que murió de miseria exiliado. Y que Miguel Hernández murió de tuberculosis en la cárcel. Y que Lorca no falleció en Granada, sino que fue asesinado y acabó enterrado en una fosa común. Solo la verdad reconcilia. Necesitamos la verdad”.