Conviene no echar más leña al fuego. Menos aún, echarle material explosivo. La situación en Catalunya, está ya más allá del límite, al borde mismo de que un simple incidente violento, buscado o no, dé principio a una serie de graves sucesos, quién sabe si con víctimas o por ahora solo con estragos o atentados a sistemas de suministro de servicios públicos, eléctricos o de comunicaciones. Si hasta ahora el conjunto del movimiento independentista catalán ha querido defender en todo momento la vía exclusivamente pacífica, las detenciones de un reducido número de miembros radicales de los ya de por sí suficientemente radicales Comitès de Defensa de la República (CDR) parecen haber roto, al menos en parte, este discurso pacifista.

Para ello basta recordar las imágenes lamentables de la sesión del Parlamento catalán en las que un muy numeroso grupo de diputados secesionistas -particularmente miembros de Junts per Catalunya (JxCat) y de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), pero también algunos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)- prorrumpieron con gritos reclamando la libertad inmediata de los detenidos. No obstante, lo más llamativo de aquel suceso lamentable fue el contraste extremo entre la actitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y su vicepresidente, Pere Aragonès (ERC): sentados uno al lado del otro, se veía a un Torra vociferante y enardecido mientras aplaudía, mientras Aragonès se mantenía en un elocuente silencio y con los brazos cruzados sobre su pecho.

Era una demostración pública y muy clara de las cada vez más evidentes distancias que separan a los dos grandes partidos independentistas. JxCat, en teoría heredera de aquella antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) fundada por Jordi Pujol como formación centrista y de orden, ha pasado a convertirse en una extraña especie de sucursal de las CUP, antisistemas desde sus mismos inicios. Por el contrario, ERC parecía querer demostrar un distanciamiento público, por mínimo que fuera y aunque poco después uno de sus diputados, el veterano Ernest Maragall, se enfrentaba con gran violencia verbal al portavoz de Ciutadans (C’s), Carlos Carrizosa, al que el presidente del Parlamento, Roger Torrent (ERC) acabó expulsando de la sesión.

Han pasado los días, ha llegado el segundo aniversario del 1-O, y de nuevo el secesionismo se ha hecho oír en calles y en plazas, en carreteras y en montañas, incluso en alguna que otra “kermesse” como la que tuvo lugar en el municipio gerundense de Amer, donde nació y vivió hasta su huida a Waterloo Carles Puigdemont, que según su alcalde es ahora “territorio libre y soberano”, pasando a ser su consistorio el “Consejo Local para la República de Amer”. Uno ya no se extraña ni sorprende de nada, ni tan siquiera de astracanadas como esta, pero me limito a aconsejarles que tomen calmantes porque no es bueno dejarse llevar por estas locuras.

Una cosa muy distinta a estas estupideces es la causa instruida en la Audiencia Nacional contra el ya citado grupo de radicalizados miembros de los CDR. Está claro que también a ellos debe aplicarse el principio de presunción de inocencia propio de cualquier Estado democrático de derecho. Aunque ellos y gran parte del secesionismo nieguen por sistema el principio de la presunción de inocencia a los tribunales de justicia y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ellos sí tienen esa presunción de inocencia, por muchos que puedan ser los indicios de supuestos delitos graves que han servido de base para que el juez encargado del caso dicte orden de detención provisional sin derecho a fianza, aunque a otros dos de los detenidos les concedió ya de entrada la libertad con cargos.

No obstante, una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra, sin duda muy distinta, es retorcer este derecho para proclamar ya de entrada que los ahora acusados y detenidos son inocentes y, encima, aplicar la presunción de culpabilidad tanto a los tribunales de justicia como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es inadmisible, aquí y en cualquier otro Estado democrático de derecho. Como lo es decir y repetir hasta la saciedad que toda sentencia del Tribunal Supremo en la causa instruida contra los principales dirigentes institucionales y sociales del movimiento independentista que no sea de absolución completa de todos los encausados será injusta.

En este panorama, no obstante, aparecen pequeños síntomas que tal vez nos den algún motivo para una mínima esperanza. Dos destacados dirigentes de ERC, primero su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián y muy poco después el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han rechazado con firmeza cualquier tipo de recurso violento, en una clara alusión a los CDR detenidos.

Algo es algo. A unos y a otros les convendría recordar ahora unas palabras de una de las primeras canciones de Raimon: “mans brutes que maten, mans netes que manen matar”, es decir “manos sucias que matan, manos limpias que ordenan matar”.