Manifestarse ante el Parlamento, informar en redes sobre futuras protestas, grabar o fotografiar a un policía, vender en la calle, impedir un desahucio, expresar determinadas opiniones en arte, música, poesía... estas y muchas otras son las acciones que antes del 30 de marzo de 2015 podrían hacerse libremente en España. Ese día, se aprobó definitivamente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la llamada Ley Mordaza. Un nombre que se vuelve gráfico e ilustra las consecuencias de su aprobación.

Este viernes 30 de marzo, se cumplen tres años de la Ley Mordaza, tres años de denuncias por parte de la oposición y organizaciones que han llegado a definir a esta norma como la nueva forma de imponer censura por parte del Gobierno y de acabar con la libertad de expresión o, al menos, con las contraria al Ejecutivo.

El 1 de julio de 2014 empezó ha aplicarse. Con la modificación del Código Penal y la desaparición del Libro III del Código penal referido a la falta se vivió un endurecimiento de las infracciones y de sus correspondientes sanciones. En otras palabras, lo que antes era una falta, se convirtió en un delito leve con multas astronómicas e incluso penas de cárcel y lo que ya era delito, lo fue con sanciones mayores.

Por ejemplo, antes de la Ley Mordaza, los actos de desobediencia o resistencia a la autoridad se consideraban una infracción leve, ahora, hablamos de un delito considerado como grave y penado con entre 30.001 a 600.000 euros.

Otro ejemplo lo encontramos en la penalización de la actividad de los manteros. Con la Ley del PP los manteros pasaron a ser delincuentes que se enfrentan a penas de cárcel y a contar de por vida con antecedentes penales en sus historiales policiales. Deben hacer frente a multas de entre 100 y 600 euros y penas de entre seis meses hasta los dos años de prisión.

Según ha denunciado Greenpeace atendiendo a datos del Ministerio del Interior, en el primer año y medio de aplicación se impusieron 25.000 sanciones relacionadas con el ejercicio de derechos civiles en el espacio público, lo que supuso la recaudación de más de 130 millones de euros.

Una ley derogada a espera de otra nueva

Aunque se cumplen 3 años desde su aprobación, la Ley Mordaza es actualmente una norma derogada en el Congreso. Tras un largo tiempo en el que el PP se unió a Ciudadanos para blindar la ley y proteger sus intereses, finalmente, previa encuesta con buenos resultados para los de Rivera, Ciudadanos decidió jugársela a Rajoy desbloquear su derogación.

El Partido Popular impuso la Ley Mordaza a golpe de mayoría absoluta e hizo de ella uno de sus buques insignia. Tres años después fue su socio el que la dejó caer.

A día de hoy, la Ley Mordaza está derogada pero no se dejará de aplicar hasta que se apruebe una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y los plazos para que esto ocurra pueden dilatarse, y mucho, en el tiempo.

Por ello, este sábado la plataforma No Somos Delito ha convocado diferentes manifestaciones a lo largo de España para seguir denunciando la ley del PP que aseguran se ha aplicado con total “arbitrariedad” y con “falta de garantías”. Seguirán protestando hasta que se “garantice el libre ejercicio de los derechos humanos vulnerados por la ley”.

Algunas de los actos sancionados

La Ley Mordaza sanciona una gran variedad de acciones diferenciándolas en tres categorías según su nivel de gravedad. Estas son sólo algunas de las sanciones y delitos:

Leves penadas con multas de entre 100 y 600 euros:

  • No identificarse
  • Ocupar un inmueble o una entidad bancaria
  • Escalar edificios
  • Insultar a la policía en una manifestación o protesta
  • Venta ambulante en la vía pública, el llamado top manta
  • Consumir bebidas alcohólicas en la calle

Graves con entre 601 y 30.000 euros:

  • Impedir un desahucio
  • No finalizar una manifestación cuando se requiera
  • Grabar a la Policía o difundir imágenes sin autorización
  • Manifestarse frente a la sede del Congreso, Senado o un Parlamento autonómicos perturbando la seguridad
  • Consumir drogas en lugares públicos
  • Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores

Muy graves que conllevan multas de 30.001 y 600.000 euros:

  • Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos
  • Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente