El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que los socios de la coalición presentarán la semana que viene una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el fin de prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a los clientes los nuevos impuestos anunciados en el Debate sobre el estado de la Nación.

Así lo ha ratificado el presidente del Gobierno durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, que ha servido de espacio para constatar los cambios en la dirección del partido y las incorporaciones de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como nueva ‘número dos’ del PSOE y la titular de Educación, Pilar Alegría, como nueva portavoz de la Ejecutiva.

Una medida a dos tiempos

Tras el Debate del estado de la Nación, Pedro Sánchez anunció que al ya existente impuesto extraordinario a las empresas energéticas (eléctricas, gasísticas y petroleras) se iba a sumar otro de las mismas características: el de los bancos. Ambos impuestos son temporales y tienen como fin, según el Ejecutivo, “gravar los beneficios extraordinarios de estas empresas” y “amparar a los más necesitados con lo recaudado”, que, según las primeras estimaciones, podría rondar los 3500 millones de euros entre ambos tributos.

Sin embargo, el adecuado funcionamiento de estos tributos extraordinarios no estaba garantizado si no se daba respuesta a otra necesidad: la de evitar que las empresas energéticas trasladasen los impuestos a sus clientes mediante el encarecimiento de la factura. Precisamente con este fin nace la mencionada proposición de ley que se llevará al Congreso por parte de los socios de coalición: impedir que se empleen, desde estas compañías, mecanismos para mitigar las pérdidas económicas que les suponen los nuevos impuestos, una práctica que surtiría el efecto contrario al deseado: que fuesen los más vulnerables (precisamente, a quienes busca ayudar esta medida) los que sufriesen un aumento de precios, mientras que las empresas mantenían sus ingresos gracias al recargo en la factura.

"Hemos cometido errores, pero hemos respondido sobre la marcha"

Durante el Comité Federal, el presidente del Gobierno ha admitido que "se han cometido errores", pero que se ha "respondido sobre la marcha" a "amenazas que nadie sabía cuál era su alcance": "Naturalmente hemos cometido errores y hemos tenido que responder sobre la marcha a amenazas que nadie sabía cual era su alcance. Las adversidades a las que se ha enfrentado el país durante los últimos tiempos son enseñanzas del pasado reciente, que ilustran el presente y nos ayudan a aprender", ha declarado, siendo consciente de los fallos que se han cometido pero sacando pecho de los avances conseguidos.

Así, el líder de los socialistas ha indicado que van a prohibir que las empresas puedan trasladar los costes derivados de estos impuestos a la clase trabajadora, y ha hecho referencia a las críticas emitidas por la derecha respecto a la poca eficacia de los nuevos tributos, ya que las empresas los repercutirían directamente sobre los ciudadanos. Si la proposición de ley sale adelante, esto se acabó: la factura no podrá ser cargada de más y los gravados estarán en la obligación legal de abonar su parte, viendo atajados sus beneficios extraordinarios. De acuerdo con la línea rectificadora de las declaraciones de Sánchez, esta medida puede interpretarse como un remiendo en segunda instancia al gran fallo con el que contaba esta política impositiva de urgencia: la falta de un marco legal que garantizase su adecuado cumplimiento y que impidiera a los gravados aprovecharse de las lagunas legislativas.