El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este viernes por la tarde para valorar la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que ratifica que el Supremo debió respetar la inmunidad que Oriol Junqueras consiguió tras las elecciones europeas del pasado 26 de mayo.

El dirigente fugado ve en la decisión de la Justicia europea un paso adelante, y solicita la liberación inmediata de su homólogo encarcelado: “España tiene secuestrado a un eurodiputado. Se tiene que revisar la mala praxis de la Justicia española en el proceso y condena de los líderes catalanes (…) Hay que anular esa sentencia inmediatamente”, argumentaba en referencia a la decisión condenatoria de los líderes del procés enjuiciados por sedición y malversación.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza los valores de la Unión", ha alegado, agradeciendo a este estamento judicial que se haya mostrado tan claro en su decisión. Según Puigdemont, se evidencia que "aún quedan jueces en Europa y que la justicia europea es independiente, una garantía para los ciudadanos europeos".

Además, el dirigente ha alegado que la decisión es “una victoria de los ciudadanos y la democracia europea contra el intento de algunos estados de confundir la solidez del proyecto europeo con la complicidad de compromisos partidistas”. Posteriormente, ha pedido al Estado español que recapacite, aunque ha avisado de que “probablemente haya alguien al otro lado que no le guste la sentencia y tenga una reacción demofóbica”.

La Fiscalía del Supremo pide la inhabilitación de Junqueras

El ministerio fiscal tenía cinco días para contestar, pero han bastado un par de horas para sentenciar que no se contempla la excarcelación del líder de ERC.

La Fiscalía entiende que “Oriol Junqueras Vives no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna sino ejecutoriamente condenado”. Por ello, el fiscal procede a “la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación” y “la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento europeo la situación procesal del citado y se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario”.

ERC tensa las negociaciones

La dirección de ERC ha comparecido para fijar su posición y dictar sentencia: no habrá más reuniones hasta que los socialistas no se posicionen. Frente al Parlament de Catalunya, Roger Torrent se ha mostrado taxativo: “La sentencia de hoy es una sentencia contundente a favor de los derechos fundamentales. Cuando la justicia es independiente y no politizada, nosotros ganamos en la defensa de la democracia y de los derechos”.

“Reclamamos a las instituciones españolas que cumplan, que hagan justicia preservando los derechos de los catalanes y de sus eurodiputados. No desfalleceremos en nuestra defensa de los derechos de la ciudadanía”, ha proseguido.

De esta forma, los soberanistas supeditan las negociaciones a la sentencia conocida. Bajo la premisa de que la justicia española está politizada y sigue órdenes partidistas, ERC enquista el momento actual y vuelve a alejar la posible investidura de Pedro Sánchez. "Pedimos que se respete y acate esta sentencia lo antes posible. No volveremos a sentarlos con el PSOE hasta que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre la sentencia europea de Oriol", ha alegado Marta Villalta

El Gobierno deja la decisión en manos del Supremo

El Ejecutivo se compromete a respetar y cumplir “las resoluciones de los tribunales españoles, así como los supranacionales” y deja en manos del Alto Tribunal la decisión que se ha de adoptar tras la sentencia: “La Abogacía del Estado está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días”.

Además, tratando de apartar el foco de las decisiones judiciales, emplaza a ERC a “abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.