Ni Alfredo Urdaci en sus mejores tiempos, cuando un fallo judicial sin precedentes en la historia del periodismo español le obligó a leer en el Telediario una sentencia contra TVE (2002), y ni corto ni perezoso deletreó "ce-cé-o-ó" para referirse al acrónimo de CC OO, hubiese llevado a tal extremo su perfección lingüística como las exigencias de la Junta Electoral de Zona de Sigüenza, que obliga al PSOE a incorporar los “signos de puntuación entre sus siglas P. S. O. E.”. Todo un alarde de pulcritud, propio de los más exigentes académicos de la RAE, y que llegan aún más lejos cuando se trata de corregir nombres.
Errores tipográficos
El acta () de la Junta Electoral no solo exige al PSOE los signos de puntuación, también le requiere “subsanar” nombres de candidatos que no coinciden con el que costa en el DNI, como “Jullian Moreno Romanillos”, que integra la lista socialista de Albendiego, cuando en realidad debería llamarse “Julián”, con una “L” y no con “LL” como figura en la candidatura. Un tanto de lo mismo sucede con una de las integrantes del municipio de Alcolea de las Peñas, que figura como “María Pilar Benito García” cuando en el DNI es “María del Pilar”, debiendo “subsanar con el nombre obrante” del Documento Nacional de Identidad y añadirle por lo tanto al nombre la partícula “DE”. Todos errores tipográficos sin importancia.
Cuando el sexo, sí importa
Nadie duda, ni siquiera los más inflexibles funcionarios de Justicia, que toda aquella persona cuyo nombre sea Julio (que no Julia) es del género masculino y sobra, por lo tanto, mayores interpretaciones. Sin embargo, la citada Junta Electoral no lo cree así y vuelve a enmendar al PSOE recordándole que para el “municipio de Bustares (…) el segundo candidato Julio Martínez García no consta la cruz en el sexo, debiendo subsanar dicho extremo”, concluyen sentenciando.
La juez del incendio
La responsable directa de estas excesivas exigencias semánticas es la presidenta de la Junta Electoral de Sigüenza y titular del Juzgado que llevó el incendio de Guadalajara, María del Mar Lorenzo, quien pretendió procesar sin éxito a una veintena de personas que participaron en la extinción de aquel fático desastre que costó la vida en 2005 a un total de 11 personas. La Audiencia de Guadalajara exculpó de los delitos de incendio, contra los trabajadores y homicidio imprudente a los técnicos y políticos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dejando en evidencia a la instructora de la causa.
