El presidente del PP, Pablo Casado, está decidido a acudir al Tribunal Constitucional y si hace falta a la Comisión Europea, en su batalla por el Tribunal de Cuentas, cuya renovación no parece concretarse por la falta de acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas.
A pesar de que están en juego los fondos europeos de recuperación, la cúpula popular opta por no tirar la toalla y "si hace falta ir a Europa a defender la independencia del Tribunal de Cuentas e insistir en que el Gobierno no la garantiza a día de hoy", según fuentes populares citadas por El Confidencial.
Diputados veteranos de la formación conservadora creen que el partido no puede renunciar ahora a dar la batalla, especialmente tras el fallo del órgano fiscalizador de las finanzas de partidos e instituciones sobre las fianzas a los líderes independentistas indultados.
El dilema de los indultos
El acta de liquidación con la sanción impuesta de 5,4 millones de euros a un grupo de 40 exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluidos expresidentes y varios consejeros, ha provocado que portavoces de ERC, Junts, PDeCAT, CUP y Podemos hayan acusado al Tribunal de Cuentas de ser una “institución arbitraria, represiva y política” del Estado. Altos dirigentes del PSOE lo han criticado por “empedrar” la agenda del reencuentro y el diálogo con el sector independentista en Cataluña, por el que apuesta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El líder de los socialistas calificó de “anacronismo” irracional que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se niegue ahora a negociar y bloquee la renovación de ese tribunal y también cuestionó que sea una exministra del PP y consejera, Margarita Mariscal de Gante, la que vaya a dictar la sentencia sobre los indultos.
La disputa sobre el sistema de elección
Los populares justifican su decisión de recurrir a Bruselas ante la posibilidad, según señalan, de que el Gobierno se esté reservando un cambio legislativo para modificar el sistema de elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas, si no se consigue la renovación. Como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, sus miembros se eligen por mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Pablo Casado anunció que si el presidente “trata de subvertir mayorías”, como ocurrió hace meses con una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos sobre el CGPJ, su formación llevará el tema al Tribunal Europeo. “No podemos consentir que el Gobierno siga por estos derroteros. Y será mejor ponernos colorados una vez más que aparecer 100 descoloridos”, defienden los dirigentes populares en su argumentario para justificar su bloqueo a la renovación del órgano fiscalizador.
