El PP, atado a Vox: racismo y negacionismo en Valencia, silencio cómplice con la violencia ultra contra Sánchez

La investidura de Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat Valenciana ha traído consigo la confirmación del pliegue del Partido Popular a la extrema derecha en la región. Llorca ha sido, desde que Mazón se convirtiera en jefe del Consell, en el hombre de confianza de Vox para todas las negociaciones acordadas. Un pacto que evidencia las inclinaciones del PP hacia posturas ideológicas ultras, aunque de cara al público los de Feijóo nieguen de manera categórica esta realidad cada vez más evidente.

El discurso de investidura de Pérez Llorca en Les Corts Valencianes tuvo una finalidad muy clara: atender las exigencias de Vox. Una factura que el PP valenciano debe de abonar para cumplir con sus planes continuistas sustituyendo a Mazón por su hombre de mayor confianza. De esta manera, el recién nombrado president hizo suyas las propuestas de la ultraderecha en materia migratoria, cambio climático -paradójicamente en la Autonomía que más lo ha sufrido- o del reparto desigual de la riqueza. 

La ultraderecha no desveló el sentido de su voto hasta el mismo momento de ejecutarlo, pero las sospechas eran claras a vista del tono que adoptó el 'popular', tratando de llevarse al redil a los de extrema derecha con promesas adscritas a su plano ideológico. Frase a frase, Pérez Llorca sirvió como títere para los de Abascal, un panorama que evidencia que muchas de las exigencias de Vox se materializarán en una de las regiones que más han aquejado estas políticas. 

Silencio ante la violencia ultra

Pero estas no son las únicas concesiones que el Partido Popular realiza a la extrema derecha. Existen otras, más sutiles y aún más preocupantes, como la falta de un pronunciamiento firme ante los episodios de violencia registrados frente a la sede del PSOE en Ferraz, convertida en escenario habitual de hostigamiento y de expresiones de odio por parte de grupos ultras que actúan con aparente impunidad y que, la falta de crítica por parte del PP, solo contribuye a la legitimización de estas acciones.

Durante el 20N y en la última cita convocada por grupos neonazis y falangistas en Madrid bajo el lema Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y nuestro pueblo, se presenciaron todo tipo de soflamas, destacando los gritos dirigidos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien reclamaban “un tiro en la nuca”. Una actitud inasumible en un contexto democrático y contra la que la formación socialista denunció ante la Delegación de Gobierno, órgano que ya anunció la incoación de sanciones ante las proclamas “racistas y antidemocráticas”.  

De igual forma, la formación del puño y la rosa urge al líder de la principal fuerza de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a dar la cara ante estos sucesos. Sin embargo, los de Génova mantienen un silencio que entienden como cómplice por el temor a las reacciones de sus socios de Vox, que alientan en parte estos movimientos callejeros.

Un acoso que el PP no condena

En este sentido, el PSOE recuerda que este no ha sido el único ataque llevado a cabo por las movilizaciones ultraderechistas a una de sus sedes de partido. La Casa del Pueblo del PSOE en Vera (Almería) acumula 183 agresiones en apenas dos años, lo que se traduce en un acto vandálico cada tres días y medio desde noviembre de 2023. A este se suman múltiples agresiones más propiciadas con pintadas e insultos, rotura de cristales, amenazas y hasta intentos de asalto.

Con todo, desde fuentes de la dirección socialista exigen una condena “clara” a las formas de violencia que atentan contra los principios democráticos en los que se basa la sociedad española. El Partido Popular “debe romper su silencio y cualquier complicidad con la ultraderecha” con el fin de combatir a quienes quieren hacer tambalear el Estado de Derecho.

La inacción también puede interpretarse como una forma de tolerancia. El Partido Popular sigue sin mostrar un gesto público que condene los ataques contra las sedes socialistas, una actitud que se traduce en una connivencia pasiva con el acoso político y que, en la práctica, contribuye a reforzar y normalizar el discurso violento de la ultraderecha.