Se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado este martes de forma unánime y por razones de "interés general" sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. 

El alto tribunal ha dado a conocer esta martes solamente el fallo sobre este asunto, que apenas le ha supuesto una hora de deliberación a los seis magistrados que componían la Sala. La resolución tardará unos días en darse a conocer, según las mismas fuentes.

El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".

En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Sus recursos se resolverán más adelante en el mismo sentido que el dictaminado este martes.

El plan exprés que falló

Sin embargo, tal y como informó en su momento ElPlural.com, el Ejecutivo socialista, consciente de este complejo y espinoso periplo que les tocaría vivir, tuvo un plan exprés para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Una intención que fracasó por su vulnerabilidad.

Este plan inicial hubiera solventado el problema de la presencia del cadáver del dictador en el Valle por su rapidez y su efecto sorpresa tuvo un responsable. Este fue Eduardo Ranz, abogado experto en Memoria Histórica y miembro del círculo de asesores del Gobierno en la materia. Ranz es el “abogado de las víctimas de la Guerra Civil” que contrató Justicia para asesorar al Ministerio, en cuestiones de Memoria Histórica y muy especialmente para sacar a Franco de Cuelgamuros. Este letrado madrileño de 33 años es especialista en procesos legales de esta materia y tiene un fuerte compromiso y experiencia memorialista.

Ranz elaboró un borrador con varias actuaciones rápidas y casi por sorpresa. La primera de estas actuaciones exprés contenidas en el borrador preveía la extracción de los restos del propio Valle de los Caídos. Horas después se procedía al traslado de los restos del dictador al Instituto Anatómico Forense en Madrid. Posteriormente, y una vez cubierta estas dos acciones, se daría aviso a la familia de Franco y se procedería a la reinhumación (volver a enterrar unos restos exhumados). En este plan desarrollado en solo 72 horas se contemplaba también la negativa de la familia a decidir un lugar de enterramiento de Franco. En ese caso el borrador indicaba que se enterraría en un osario del cementerio de La Almudena.

De haberse llevado a cabo con éxito este plan exprés ahora conocido con más detalle, el féretro de Franco habría hecho el camino contrario al de su entierro, el 23 de noviembre de 1975. El personal encargado de la exhumación habría procedido al traslado de los restos tras deslizar y abrir la lápida -de tonelada y media de peso- y entrar en la tumba, habría extraído el féretro. A partir de ahí cruzaría la basílica, atravesaría la nave y el atrio para llegar finalmente a la explanada del Valle de los Caídos. Desde allí y en un vehículo funerario, se le hubiera traslado al Instituto Anatómico Forense. Y de allí a un nuevo destino que no hubiera sido un mausoleo panteón público y construido con la sangre y la vida de los presos políticos represaliados. Pero no pudo ser.