La senadora del PP Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica y cuyo cese solicitaba Ciudadanos para apoyar los presupuestos, ha comunicado hoy al Senado su voluntad de dejar de formar parte del grupo parlamentario popular y pasar al grupo mixto para "no perjudicar al partido".

En un comunicado remitido a EFE, Barreiro explica que esta decisión obedece a su intención de no perjudicar al PP al que "siempre" ha sido "leal", así como por el "interés general de los españoles". "Esperaré tranquila la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el procedimiento en curso, ya que creo firmemente en la justicia de nuestro país", añade.

Deja el  grupo, no el escaño

Ciudadanos había puesto como condición para apoyar los Presupuestos Generales de 2018 que el PP apartara del escaño a Barreiro, que sigue investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama Púnica, aunque la Fiscalía ha pedido el archivo provisional de la causa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó la pasada semana un informe en el que pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella. 

En un tuit, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, da por buena la no dimisión, afirmando que su partido "siempre cumple".

Investigada por cinco delitos desde octubre

Barreiro prestó declaración ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer en calidad de investigada el pasado 15 de enero por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. La Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la senadora el pasado 17 de octubre y ahora le da la oportunidad de declarar de forma voluntaria, antes de que decidir de forma formal si se pide a la cámara alta su suplicatorio.

En su auto de apertura de la investigación, el Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.

Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De Pedro, considerado el conseguidor de la Púnica, para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Uso irregular de dinero público

La senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables. Para ello, la empresa de Alejandro de Pedro, EICO, usaba redes de perfiles falsos y supuestos diarios digitales semiatomatizados. Dinero que, en principio, estaba destinado a educacion. 

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.