Todo se debe a un error. Así lo transmitía el Gabinete de Comunicación de la Audiencia Nacional a EL PLURAL.COM. La pieza de Púnica que afecta a Francisco Granados, que había recaído en la Sección II de la Audiencia Nacional, para ser juzgada por los jueces Concepción Espejel, Enrique López y Julio de Diego ha cambiado de juzgado por considerar que el reparto no era correcto.

“Al repartir el procedimiento se hizo como sumario y como tal le ha tocado a la Sección II, pero en realidad era un Procedimiento Abreviado y no le correspondía. La presidenta Concepción Espejel se ha dado cuenta y lo ha devuelto”, explicó atentamente un colega del Gabinete. Entre tanto, nervios en la Audiencia después de que este periódico publicara la suerte de los púnicos.   En nuestra información se narraba fielmente cómo el caso había recaído en la sección II. Tras el nuevo y rápido reparto, la sección I juzgará a Granados.

Bien al quite que ha estado la presidenta... Por la mañana, este diario relataba como Concepción Espejel y Enrique López, Sección II de la Audiencia Nacional que fueron apartados del caso Gürtel por su presunta proximidad al PP, iban a juzgar una pieza de la Púnica en las que está acusado Francisco Granados, actualmente en prisión, ex dirigente popular en la Comunidad de Madrid, al haber recaído el caso en su Sala. El ponente iba a ser el magistrado Julio de Diego, uno de los dos jueces que han considerado que el presidente Mariano Rajoy debe testificar ante el tribunal en relación a la Gürtel. Pero después, la magistrada ha caído en la cuenta de que había una equivocación, según la explicación oficial y el caso se ha repartido de nuevo.

Mañana de nervios en la Audiencia que llevan varios sobresaltos en los últimos tiempos sobre todo con casos como el que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en que se ha cuestionado la actuación de la Fiscalía y continúa sin conocerse el nombre de la misteriosa magistrada que avisó a algunos imputados de que estaban siendo grabados.

Lo referido a este “chivatazo” ha provocado un hondo malestar en la Audiencia Nacional que se inició al conocerse una conversación entre Ignacio González (hoy encarcelado) y el dirigente popular Eduardo Zaplana en que el expresidente de la Comunidad de Madrid y miembro del PP comentaba que “una amiga de la casa que es magistrada, que ha ‘llamao’ para decir ‘oye, cuidao que han grabao una conversación”. Así lo recogía el diario El Español citando una grabación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del 22 de noviembre de 2016. 

La misteriosa “amiga de la casa” de Lezo

La identidad de la magistrada “amiga de la casa” no ha sido revelada si bien se da por hecho que pertenece a la Audiencia Nacional. Esta incógnita ha producido desazón entre las juezas de esta institución judicial que se sienten bajo sospecha según comentaban fuentes jurídicas a este diario. “El hecho de que no se esté indagando de quien se trata pone bajo sospecha a todas las magistradas”, añadían las mismas fuentes. Más aún cuando entre los candidatos a presidir la Sala de lo Penal figuran tres candidatas. Como el resto de sus colegas sobre ellas también pende la duda. El Consejo General del Poder Judicial asume un riesgo en su opción. Por cierto que entre las personas que optan a este puesto se encuentra también Concepción Espejel.

Denuncia ante la Fiscalía

Curiosamente de la misteriosa magistrada se ha corrido un espeso velo de silencio, a excepción de la denuncia que ha presentado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) que agrupa a jueces, fiscales y abogados, ante la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación que determine quien fue la “magistrada amiga de la casa”, como indican en un comunicado:

 “Según ha aparecido recientemente en diversos medios de comunicación, ha sido filtrada información secreta contenida en el sumario de la llamada ‘operación Lezo’ tramitado en la Audiencia Nacional por el magistrado don Eloy Velasco, de tal suerte que algunos de los investigados en dicha causa habrían sido advertidos por una ‘magistrada amiga de la casa’ (sic) de que sus conversaciones telefónicas estaban siendo intervenidas por orden judicial”, dice la denuncia.

Y concluían: “Urge la incoación de un procedimiento penal para el esclarecimiento de la noticia criminal pues, de acreditarse tales hechos, constituirían indiciariamente un grave delito que compromete la confianza de los ciudadanos españoles en el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Instamos, por tanto, a la Fiscalía a que adopte las medidas conducentes a tal efecto”.

No ganan para sustos en la Audiencia Nacional. Menos mal que en este caso de la Púnica la tradicional lentitud de la justicia no se ha dado y han resuelto la situación. Un problema menos para los magistrados Concepción Espejel y Enrique López que no se verán de nuevo en el disparadero de la abstención.