La Justicia tendrá que pronunciarse en relación a cuál es la responsabilidad de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en la réplica que el Ayuntamiento dio al presunto 'pelotazo' de Luis Medina y Alberto Luceño (los comisionistas que ganaron casi seis millones de euros vendiendo mascarillas y otro material sanitario para el Consistorio de la capital). El juzgado de guardia nº 39 de Madrid ha recibido este sábado una denuncia contra Almeida por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) por no haber denunciado en su momento la presunta estafa.
La acusación, a la que ha tenido acceso y que ha difundido El Periódico de España, ha sido presentada por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, que considera que el alcalde, dentro de su doble condición de funcionario y autoridad, debería haber denunciado los hechos, independientemente de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 tras ser advertida por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).
Este letrado ya ha llevado con anterioridad causas de interés público, como la del alijo de drogas en el buque Juan Sebastían Elcano, el robo de 2,7 millones en la sede en Ibiza del Grupo Empresas Matutes, la muerte de un hombre que se precipitó al vacío en los Juzgados de Fuerteventura en 2020 y la defensa de la ex miembro de ETA Idoia López Riaño, 'la Tigresa'. Su estrategia pasa por buscar que el asunto sea remitido al juez que ya investiga el caso, Adolfo Carretero.
Aúnque el magistrado rechazara de plano la posibilidad de abrir esta vía de investigación contra Almeida y el Ayuntamiento, un posible recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid obligaría a posicionarse sobre la posible comisión de este delito por el alcalde a las acusaciones particulares en la causa (PSOE y Unidas Podemos) y también a Más Madrid (pendiente de un trámite para ser parte en el procedimiento). "Busco mostrar esta vía procesal a los partidos de la oposición", señala el abogado.
Delitos sin denuncia
Según señala la denuncia de Pamos de la Hoz, "si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz y la impunidad de los delitos tan graves, admitidos y consentidos por el Consistorio no denunciando los hechos, hubiere sido lograda".
De esta manera, insiste en que el trabajo realizado por Anticorrupción desde noviembre de 2020 son simplemente diligencias de investigación, y que no supone iniciación del procedimiento penal como tal, lo que "no eximía de denunciar los mismos al Ayuntamiento de Madrid".
Prueba de que tuvieron conocimiento antes de esas diligencias de investigación es el hecho de que existan conversaciones de Luceño con la responsable de compras, Elena Collado, que emplea el término “estafa” en relación con los guantes que fueron adquiridos con un sobreprecio obsceno y eran inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y con los test, con precio desorbitado, y que fueron igualmente desechados por su nula eficacia.
A juicio del denunciante, contrastando el precio de lo adquirido con otras ofertas que en esos momentos gestionaba el propio Ayuntamiento o el precio de mercado, habrían sido "conocedores de la estafa de libro".
De hecho, y según consta en la denuncia presentada por Anticorrupción, los contratos asignados a Medina y Luceño contemplaron la compra de 1 millón de mascarillas -por un precio total 6.689.300 dólares (5,9 millones de euros)-; 2.500.000 guantes de nitrilo por 5.000.000 dólares (4,5 millones de euros) y 250.000 test rápidos Covid-19, por un precio total de 4.250.000 dólares (3,8 millones de euros).
Los precios, según señala la Fiscalía en su querella, los determinó e impuso Luceño al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir.
