Winter is here. No solo en Poniente (Juego de Tronos), sino también en Podemos. La guerra por el control del tribunal de garantías de Podemos, el órgano cuyo cometido es dirimir los conflictos internos y velar por los derechos de los inscritos, se ha desatado. Una contienda que demuestra que aún quedan vestigios de la pugna fratricida de Vistalegre II. En la segunda Asamblea Ciudadana, Podemos aprobó sus nuevos documentos: el Organizativo, el Político, Ético y de Igualdad. Tras el cónclave, la formación (así como sus ramificaciones autonómicas) debía adaptar sus Estatutos a lo aprobado en Vistalegre II. En julio, trascendió que esta reforma incluía un nuevo régimen sancionador. La Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE) declaró nulos los artículos relativos al nuevo cuerpo normativo. Entonces, el tribunal se fracturó y comenzó la guerra por su control: tres integrantes del CGDE denunciaron a la presidenta y varias comunidades autónomas se han alzado para defenderla. La última, Madrid.

En un dictamen fechado a 28 de julio de 2017, Nuria Martín Sebastián, Jesús Calpe Ruiz y Olga Jiménez (la presidenta del tribunal de Garantías nacional) llevaron al pleno, para su aprobación, un documento que pedía declarar nulo el nuevo régimen sancionador. “Por el Canal de Telegram de la Secretaría de Organización y Programa Estatal se ha dado difusión a unos Estatutos que exceden, con mucho, lo aprobado en la II Asamblea Ciudadana Estatal y por tanto de contenidos no aprobados por la totalidad de los inscritos […], incluyendo párrafos completos de nueva creación, no previstos en el Documento ganador y suprimiendo otros que sí se han aprobado por la Asamblea Ciudadana”, rezaba el dictamen 3/2017.

En concreto, se referían a los artículos 71 y 77 de los Estatutos, que “introducen un nuevo y completo régimen disciplinario” que “debería haber sido sometido a la aprobación de la II Asamblea Estatal”. Por este motivo, la CGDE declaró su nulidad e instó a mantener la redacción del actual artículo 65, el vigente hasta el momento en el que desde la cúpula nacional se promocionó la creación de un nuevo código disciplinario.Pablo Iglesias y sus afines eran partidarios del nuevo régimen, pero la presidenta del tribunal de Garantías de Podemos, así como varios de sus miembros, no. La reacción del sector oficialista fue denunciar -el pasado 10 de agosto- a Olga Jiménez por haberse “excedido en sus funciones”, por lo que a la presidenta del CGDE se le abrió un expediente. La querella fue interpuesta por tres miembros de la propia Comisión que se alinearon del bando de Iglesias. Tanto es así, que el pasado 13 de agosto se autoconvocaron para tomar varias decisiones, entre ellas, la designación de un instructor que llevara la causa contra Jiménez y el nombramiento de un nuevo presidente de la Comisión de Garantías de manera provisional: Argiro Giraldo, uno de los denunciantes.

El tribunal de Garantías de Podemos tiene dos presidentes que no reconocen su legitimidad al otro y las comunidades autónomas se están posicionando

En consecuencia, el tribunal de Garantías tiene ahora dos presidentes que no reconocen la legitimidad del otro. Por un lado, Olga Jiménez, quien ha sido denunciado por tres integrantes del CGDE que, autoconvocándose y erigiéndose en pleno, han nombrado un nuevo presidente, que es uno de ellos, Argiro Giraldo.

Varias Comisiones de Garantías autonómicas han emitido dictámenes en defensa de Jiménez y, por inercia, contra Pablo Iglesias, precursor del nuevo régimen tumbado por Jiménez y que ha desatado la guerra. La última delegación en posicionarse ha sido la de Madrid. En un dictamen fechado a 21 de agosto, señalaban que “tendrá que seguir aplicándose el artículo 65 de los anteriores Estatutos”, moviéndose así en la misma tónica que el dictamen inicial de Jiménez. De esta manera, Madrid se ha unido a Navarra, Valencia, La Rioja y Catalunya en contra de la aprobación de artículos no aprobados en Vistalegre II.