La consejera de Educación, Juventud y deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, dejará la política, tras las próximas elecciones de mayo. Su decisión, adelantada por la SER, llega después de que se conociera que la larga sombra de la operación Púnica ha llegado a su Departamento, por cuatro contratos adjudicados a uno de los cabecillas de esta trama, el empresario Alejandro de Pedro, por un monto total de 81.084,88 euros.

Tres contratos por 59.307 euros
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, investiga al menos cuatro contratos que la Consejería de Figar concedió a dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca, detenido el pasado 27 de octubre pasado, en el marco de la operación por la que también Francisco Granados ingresó en prisión.

La Consejería habría pagado tres facturas a la empresa Madiva, entre 2012 y 2014, para que mejorara la visibilidad en Internet de las noticias protagonizadas por Figar. Las facturas de 21.194,50 euros, 21.778,79 euros y 16.334,01 euros, sumaron un total de 59.307,30 euros.

Un último contrato,  meses atrás, que elevan la cifra a más de 81.000 euros
La consejería contrató, además, a De Pedro para la creación de la web ‘Studyinmadrid.es’, hace unos meses atrás, para difundir en el extranjero estudios universitarios en la Comunidad de Madrid. La factura es de 2014, a nombre de Eico Online Reputation Management, por un importe de 21.777,58 euros. Con ésta, el monto total adjudicado al empresario eleva la cifra a 81.084,88 euros.

El PP barajó apostar por ella para Madrid
Según la información de la SER, Lucía Figar tomó la decisión de marcharse hace meses y no quiso entrar en las quinielas para encabezar la candidatura por el Ayuntamiento de Madrid, que al parecer el PP barajó y que defendía, en particular, un buen amigo de la política popular, Jorge Moragas, su amigo desde tiempos del clan Becerril, que encabezaba el yerno de Aznar, Alejandro Agag.

La querella contra ella por prevaricación y falsedad documental
En su etapa al frente de la Consejería de Educación, Figar fue investigada, además, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. En enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó una querella contra ella por suprimir cinco grados de la Universidad Rey Juan Carlos, interpuesta por el profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Salvador Perelló.

El tribunal consideró que la orden objeto de litigio dictada por la consejera de Educación no presentaba "indicio alguno de arbitrariedad o de falsedad penal".

Sus recortes en Educación y su cheque bebé
Figar ha sido una consejera de Educación polémica. Bajo su mandato se han vivido muchas mareas verdes contra los recortes en Educación, que ella siempre ha defendido. Una de sus actuaciones más cuestionables en los últimos tiempos fue la revelación del cheque bebé que recibe de su propia Consejería (una subvención de 100 euros mensuales) a pesar de su sueldo de 5.460 euros al mes.

Ella mismo lo admitió en la Asamblea de Madrid, hace un año, en medio de la polémica. No era para menos, se trata de la consejera que suprimió 300.000 becas para la compra de libros de texto, y 110.000 becas de comedor para familias en dificultades económicas.

Su 'entrega' a sectores religiosos
La dirección de Lucía Figar al frente de la Educación madrileña ha estado marcada, además, por la cesión de suelo público para construir colegios religiosos, como los impulsados por la empresa Anta en Villanueva del Pardillo, Paracuellos del Jarama y Leganés. La Comunidad de Madrid consiguió que los Ayuntamientos afectados le cedieran de forma gratuita tres parcelas para adjudicarlas en menos de dos años y medio a esa la misma empresa; unos trámites repletos de irregularidades.

Defensora de la gestión privada de la educación
Figar ha dejado clara en toda su etapa al frente de la Educación madrileña su defensa de la gestión privada de centros públicos y su acción para favorecer a sectores religiosos. Ella misma lo dejó patente en un encuentro anual organizado por el grupo católico Comunión y Liberación en Rimini, Italia, en 2011. “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. Estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado”, decía Figar, que presumía de su política privatizadora.