Ayer. Lunes. Un día más en la oficina. Y como no podía ser de otra manera, no faltó la pildorita de corrupción del PP, que día tras día, salpimenta las jornadas con nuevas revelaciones sobre financiación en B. La última, relacionada con el caso Púnica. El arrepentido David Marjaliza entregó al juez más de 1.000 documentos que profundizarían en la trama madrileña. Entre dicha pila de papeles se encontrarían pruebas que demostrarían que la fortuna de Francisco Granados ascendía a decenas de millones de euros. Con el tiempo van viendo la luz nuevas aristas del caso Púnica. Nuevos nombres, cifras, empresas… Ya hay más de 150 compañías salpicadas, pero no conviene olvidar las que siempre estuvieron allí, las originales. En este punto, nos detenemos en la empresa Acciona.
El pasado septiembre Marjaliza declaró en la Audiencia Nacional. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el examigo de Granados aseguró que José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, entregó 60.000 euros a la formación. El dinero fue recogido por BG, acrónimo de Beltrán Gutiérrez -exgerente regional del PP de Madrid-, según Marjaliza.
El fiscal le preguntó quién era “JEC”, a lo que Marjaliza fue claro: “A mi me dijo que era Entrecanales”. Granados negó la mayor y aseguró que el apunte de su libreta relativo a JEC significaba “Jornadas de Educación Concertada”, de manera que los números asociados eran los asistentes al evento. No obstante, los investigadores creen que la libreta del exconsejero de Esperanza Aguirre recogía el nombre de donantes y la cantidad aportada. Por su parte, Acciona ha negó que Entrecanales fuera el emisor de los 60.000 euros.
Pero los vínculos de dicha compañía no se reducen a la acusación de Marjaliza a su presidente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga en una pieza en el marco del caso Púnica el Plan de Infraestructuras de 2004-2007 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Concretamente, investiga si las empresas adjudicatarias de la construcción de hasta 10 hospitales bajo el mandato de Esperanza Aguirre pagaron publicidad del Gobierno de Aguirre con dotaciones de dinero público.
Uno de estos hospitales es el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes). Desde el año 2008, Acciona es el proveedor de “servicios integrales y gestor energético” del centro hospitalario: servicios de limpieza especializada, servicios técnicos y de mantenimiento, servicios energéticos, restauración, celadores y personal administrativo, gestión de residuos y almacenes, esterilización de material quirúrgico, jardinería, seguridad y explotación del parking.
En este sentido, cabe destacar que este hospital lidera el ranking del denominado chollo. Y es que, la Comunidad de Madrid paga una recompensa económica a los hospitales mixtos (público-privados) de Aguirre que consigan ahorrar en energía. A modo de ejemplo, si un centro sanitario debiera gastar 100.000 euros en luz y ahorra 30.000, el centro se queda 15.000 euros. En el caso del Infanta Sofía, recibió 1,28 millones por este concepto hasta el año 2017, y la cifra aumenta puesto que el contrato está blindado por 30 años.
Entrecanales estuvo en el acto de inauguración del Hospital Universitario Infanta Sofía, cuyo evento de la primera piedra costó 28.454 euros, según una investigación de ElPlural.com.
Pero la trama de la publicidad de los hospitales no es la única que salpica a Acciona. La empresa también aparece en la pieza relativa a la Ciudad de la Justicia. Se investigan presuntas irregularidades del proyecto encargado por Esperanza Aguirre en el año 2007.
Los trámites para la adjudicación arrancaron el día 16 de febrero del año 2015 con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de las condiciones económicas. La fecha límite para presentar las ofertas se retrasó hasta el día 6 de abril. Tan solo se presentaron dos UTE (Unión Temporal de Empresas): una integrada por Ferrovial y Dragados y otra conformada por OHL y Acciona.
En mayo de ese año González dio su beneplácito al tándem OHL-Acciona, pero la adjudicación no llegó a rubricarse porque se celebraron las elecciones autonómicas y, ya con Cristina Cifuentes, el Ejecutivo regional decidió revertir la inversión. A pesar de la firme oposición de las empresas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en favor de Cifuentes y desestimó la licitación.
