Desde que la moción de censura de Pedro Sánchez obtuvo la mayoría absoluta del Congreso, se han ido conociendo un goteo de Altos Cargos del Gobierno de Rajoy que siguiendo la lógica del condenado Rodrigo Rato se han tirado a los parqués y moquetas al grito de que “esto es el mercado, amigo”. Dicho y hecho, el mercado les ha respondido acogiéndoles en sus brazos tras hacerse unos y otros los encontradizos. El resultado salta a la vista : un número significativo de Altos Cargos de diferente rango y condición han tirado la casa oficial y su cese en el BOE por la ventana y han sido fichados por empresas, asesorías, bufetes, etc. Otros, justo es decirlo, aunque son minoría, han decidido volver a su anterior actividad. 

Todos ellos se han llevado un informe positivo emitido por la cada vez más desdibujada Oficina de Conflictos de Intereses que cual expedidora de títulos de Masters de la URJC les ha sido entregado tras presentar la solicitud de compatibilidad. Los datos estadísticos de pueden consultar en este enlace.

En realidad no es la primera vez que esto sucede ni será la última. Llevamos años escribiendo y denunciando esta practica en ocasiones legal y en otras no tanto pero siempre saltándose a la torera los códigos éticos que van implícitos cuando se han ocupado cargos públicos en los que se ha obtenido información, mucha de ellas clasificadas, o se ha favorecido sutilmente a los que después les van a fichar.

En esta ocasión hemos elegido 3 ejemplos que ilustran bien, cada uno en su estilo, como funcionan en nuestro país las puertas giratorias y como se sortea la legislación sobre incompatibilidades. La primera seleccionada por su rango es Soraya Sáenz de Santamaría, ex Vicepresidenta, Ministra de Presidencia, ex Diputada y en estos momentos, Consejera Electiva de Estado.

El segundo es Rafael Catalá Polo, ex Ministro de Justicia y en la actualidad diputado por Cuenca y miembro de la Diputación Permanente del Congreso. Y por último, cierra el pelotón Agustín Conde Bajén, ex Secretario de Estado de Defensa bajo el mandado de María Dolores Cospedal. 

Vamos a ellos. En esta primera entrega nos centraremos en la que hoy está de plena actualidad. 

1. Soraya Sáenz de Santamaría.

Para situarnos algunos datos de referencia. 

- Es abogada del Estado desde 1999. Entre unas cosas y otras, sumando varias etapas, apenas ha ejercido su profesión durante 1 año y medio. El resto del tiempo ha ocupado puestos de confianza en el Gabinete de Rajoy durante su etapa como Vicepresidente y Ministro de la Presidencia, como diputada por Madrid (2004-2018)  y como miembro del Gobierno (2011-2018). Dicho de otro modo, su pasión por la abogacía del Estado es ciertamente limitado, tanto que en breve pasará a la larga lista de colegas en excedencia voluntaria. 

- En marzo del 2012 ayudó a reubicarse a su marido en Telefónica. También como ella es Abogado del Estado y  se encuentra en excedencia voluntaria. Durante su etapa como Vicepresidenta y Ministra se ha visto obligada a inhibirse en numerosas ocasiones por asuntos relacionados con la empresa en la que trabaja su marido.

Su dimisión como diputada viene precedida por su enfrentamiento a varias bandas con cualificados miembros del PP. Tras ganar la primera vuelta y perder la segunda en la elección a la Presidencia del PP, por error o no, el caso es que se le pasa el plazo para solicitar la indemnización por cese como Alto Cargo y opta por mantenerse en el escaño. Apenas le dura 2 meses el escaño presentando su renuncia el 10 de septiembre del 2018.

- El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, tras consultarla, decide nombrarla  Consejera electiva de Estado. Su nombramiento se publica en el BOE el 28.10.18

- El 11 de febrero del 2019, es decir, 9 meses y 10 día después de ser cesada como Vicepresidenta y Ministra es fichada por el bufete Cuatrecasas. Según el comunicado conjunto emitido entra “en calidad de socia y miembro del Consejo de Administración para liderar y desarrolla desde hoy la practica de Corporate Complace del despacho”. Según el mismo comunicado “retoma su carrera profesional después de cumplir con todos los tramites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Publicas” dando a entender que cuenta con el informe preceptivo de la Oficina de Conflictos de Intereses. Y para concluir,  SSS dice que “está encantada de volver a ejercer la abogacía”.

Como diría el Gran Wyoming "hasta aquí las noticias ahora vayamos a la verdad". Y la verdad, mire por donde mire, no es otra que :

1. Durante los más de 6 años que ha ejercido de Vicepresidenta del Gobierno, de Ministra de la Presidencia y en su última etapa para las Administraciones Territoriales, de Presidenta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretario  y miembro, normalmente como titular, de un sin fin de Comisiones Delegadas, Informativas, etc., ha sido informada y ha tomado decisiones que inevitablemente tienen que ver con los clientes e intereses que representa los propietarios de su nuevo empleo.

2. El hecho cierto es que no se ha facilitado el informe de la Oficina de Conflictos de Intereses ni se sabe a ciencia cierta quienes han sido en los últimos años los clientes de Cuatrecasas.

3. Lo que si se ha conocido es que en el año 2015 Emilio Cuatrecasas, tras arrastrar serios problemas fiscales, con potenciales consecuencias penales, alcanzó un acuerdo amistoso con la Fiscalía y la Abogacía General del Estado que evitó su posible entrada en prisión. 

4. Para los más despistados recordarles que en esas fechas era Abogada General de la Abogacía del Estado, Marta Silva Lapuerta, compañera de promoción del marido de la entonces Vicepresidenta y subordinada  suya. Dicho de otro modo, con capacidad real para sugerir acuerdos o no con presuntos delincuentes fiscales. 

5. También para los mas desorientados no está mal acordarse de quienes durante el periodo 2014-2015 los Fiscales General del Estado, nombrados por el Gobierno de la que SSS era Vicepresidenta. Entre el 2012 y el 2014, Eduardo Torres Dulce que tras su cese fue fichado 7 meses después por otro gran bufete. Para ser exactos el de Garrigues. Y entre el 2015 y el 2016, ocupó el cargo Consuelo Madrigal. Actualmente es una de las fiscales  adscritas a la Sala II del Tribunal Supremo que enjuicia el Caso del Procés.

6. Como es natural no se han facilitado las retribuciones que percibirá ni su salario en especie. En todo caso, dada su condición de ex Vicepresidenta continuará con el servicio del PMM y de seguridad.

7. Salvo que dimita voluntariamente no hay que descartar que mantenga su condición de Consejera Electiva del Consejo de Estado, hecho no menor ni fortuito para sus nuevas responsabilidades privadas.

Proxima entrega : Rafael Catalá Polo, un ex ministro y diputado al borde del precipicio