Las primeras informaciones publicadas por ElPlural.com sobre la aparatosa entrada de la exvicepresidenta del Gobierno como socia del despacho Cuatrecasas ha desencadenado un vivo debate sobre donde están los limites legales y éticos cuando Altos Cargos de la Administración General del Estado son fichados en un tiempo récord por empresas, bufetes, consultorías, etc. Y no es para menos a la vista de los entresijos que se van conociendo

Para situarnos sobre este caso concreto retrocedamos en el tiempo y recordemos aunque sea brevemente algunos datos de interés:

2011. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó en diciembre de 2011 una querella por fraude fiscal contra Emilio Cuatrecasas, querella que fue archivada por el juzgado de instrucción

2013. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia Generalitat de Cataluña recurrieron y, a finales del 2013, la Audiencia de Barcelona devolvió la causa al Juzgado de Instrucción Nº 32 de Barcelona, y este siguió la causa pero por un solo delito, no por los ocho alegados primeramente por Fiscalía y Hacienda.

2015. Cuatrecasas cierra un acuerdo con Fiscalía y Abogacía del Estado para evitar una hipotética entrada en prisión, confirmando los ocho delitos tributarios iniciales, habiendo devuelto la cantidad defraudada y aceptando dos años de prisión y la imposición de una multa de 1 millón y medio de euros.

Mientras todos esto sucedía, a 600 km, en Madrid el Gobierno de Rajoy, surgido de las elecciones generales de noviembre del 2011, fue adoptando medidas que acabaron el BOE. A los efectos de esta crónica destacamos los siguientes:   

21.12.11Soraya Sáenz de Santamaría es nombrada vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia

12.01.12. Se nombra abogada general del Estado-directora del Servicio Jurídico del Estado a Marta Silva de Lapuerta. Se da el hecho de que su tío materno, Álvaro Lapuerta, había sido durante años tesorero nacional del PP y mentor de Luis Bárcenas.

24.01.12. Se publica Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia. En su articulo 6 apartado 5 se determina que está adscrita a la Subsecretaría, con las funciones que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado. En ese momento, el titular de la Subsecretaria era Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado y compañero de promoción de Marta Silva Lapuerta

22.03.12Iván de la Rosa, abogado del Estado y marido de la vicepresidenta, es fichado por Telefónica. Se da la circunstancia de que es compañero de promoción de los citados anteriormente.

30.12.14. Cuatrecases en un comunicado informa que Sareb ha ultimado la venta de diversos portfolios de activos inmobiliarios a inversores institucionales extranjeros. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha sido el asesor legal de las entidades que han adquirido distintos proyectos de Sareb, que incluyen portfolios de préstamos con garantía hipotecaria sobre hoteles, oficinas, viviendas y suelos.

18.06.15. Cesa a petición propia Jaime Pérez Renovales para ser nombrado quince días después secretario general y del Consejo de Administración del Banco de Santander.

26.11.16. Se publica el Real Decreto 547/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de Marta Silva Lapuerta como abogada general del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado.

11.03.19. Sáenz de Santamaría es fichada como socia y miembro del Consejo de Administración del despacho Cuatrecasas. Había cesado como vicepresidenta el 1 de junio del 2018. Es decir, nueves meses antes de su paso al mercado privado. 

Puestas en común unas y otras fechas, surgen varias preguntas cuya respuestas se las  dejamos al lector para que libere su imaginativa imaginación:

1. ¿El trio formado por Soraya Sáenz de Santamaría, Marta Silva Lapuerta y Jaime Pérez Renovales, entre otros, todo ellos abogados del Estado y amigos llegaron a tener en tiempo y forma una idea muy aproximada de los graves problemas fiscales que tenía Emilio Cuatrecasas?.  

2. ¿Influyeron o no en la posición final de sus subordinados de Barcelona para alcanzar un acuerdo con Cuatrecasas? 

3. Si las respuestas fueran afirmativas ¿Es verosímil pensar que el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría está “contaminado” éticamente a tenor de los principios que subyacen en la legislación sobre los Altos Cargos y los conflictos de intereses.

Como ayuda para formar una respuesta ponderada os sugerimos que se pinche en este enlace donde se podrá encontrar la legislación básica que sobre esta cuestión está en vigor. Para abrir boca os transcribimos el  articulo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado: 

“Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario”.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el entorno de Marta Silva de Lapuerta para conocer su versión respecto a cómo se gestó el pacto con Cuatrecasas y hasta dónde estaba informada ella como abogada general del Estado. Estas fuentes aseguran que la abogada del Estado tuvo "cero vinculación" con el caso de Cuatrecasas y aseguran que "la negociación la llevó personalmente el inspector de Hacienda del caso, Isidoro García, con el abogado del Estado jefe en Barcelona, Jorge Sánchez, informa Marcos Paradinas.

El entorno de Silva de Lapuerta asegura que se siguió el "procedimiento habitual en estos casos, el mismo que con cualquier ciudadano", donde "todo está protocolizado" y que el abogado jefe del Estado en Barcelona "no da parte ni informa" a la abogada general del Estado. Y que, en cualquier caso, quien lidera la negociación con el acusado, en este caso Emlio Cuatrecasas, es la Fiscalía y el "cliente" afectado, es decir, la Agencia Tributaria a quien el dueño del bufete había perjudicado con el fraude tributario, para que después la Abogacía del Estado se adhiera.

Seguiremos informando.