Un día más traemos a nuestros lectores la trayectoria de un desconocido personaje que desde hace 13 años es el titular del juzgado de instrucción nº 7 de Zaragoza. Sin embargo, dentro del cerrado mundillo judicial, sus apellidos no pasan desapercibidos, en particular, si se echa un vistazo al último “Escalafón General de la Carrera Judicial”, cerrado al 31 de marzo de 2021 y publicado en el BOE el 19 de abril. Y es que como se puede comprobar su primer apellido se repite hasta en tres ocasiones y el segundo en dos. Además del propio interesado, figuran un hermano y un sobrino. Y en anteriores escalafones se podría encontrar, por ejemplo, el padre de ambos. Todo un clan de jueces que se forma con la dictadura franquista y se ha ido dando el relevo hasta la actualidad. Su radio de acción territorial desde siempre ha tenido mucho que ver con los orígenes de sus antepasados, es decir, las provincias de Zaragoza y Huesca. De allí vienen y en ambas han ejercido y ejercen. Nuestro protagonista de ocasión se llama Rafael Lasala Albasini Perruca Martínez, nacido en diciembre de 1960 y desde 1991 miembro de la carrera judicial. Decíamos que este veterano magistrado es un desconocido para el gran público pero no lo es tanto para la derecha judicial, parlamentaria o mediática que, como en casos similares, le jalean y estimulan para que sus decisiones se adapten a sus deseos e intereses. Incluso, la siempre hosca Cuca Gamarra, Portavoz del GPP en la Cámara Alta, ha solicitado la pasada semana que se constituya una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre un caso que se está instruyendo en el juzgado nº 7 de Zaragoza al que más adelante nos referiremos. La misma iniciativa la han llevado a La Rioja para que también allí se constituya una Comisión de Investigación. Dicho esto, recordamos a los más despistados que Rafael Lasala que en septiembre del 2018 tuvo su minuto de gloria gracias a un auto que firmó en el que desestimaba una denuncia por amenazas presentada por el entonces Presidente de la Generalitad de Cataluña, Carles Puigdemont. Como es natural, la prensa más conservadora tiró cohetes con semejante auto que, mire por donde se mire, y con independencia de la opinión que nos merezca el denunciante, es más que razonable deducir que el juez Lasala se extralimitó en sus funciones introduciendo todo tipo de opiniones y comentarios que poco tenían que ver con los hechos objeto de la denuncia. Pero sigamos con Lasala y sus circunstancias. La famiglia y los estudios De manera muy resumida este es su genealogía de andar por casa: -Abuelos paternos: Ángel Lasala LLanas y Ángeles Perruca Cano. El abuelo fue durante un tiempo médico en Ainzón (Zaragoza), donde nacieron algunos de sus hijos. -Abuelos maternos: Rodolfo Albasini Laucas y María Presentación Martínez (Tachón). El abuelo, nacido en Vanzone (Italia) el 24 de mayo de 1895, pasó sus años de infancia entre España e Italia. En Huesca fue alumno del colegio Santa Cruz y en Italia del colegio salesiano de San Luigi en Intra. En Milán Rodolfo estudió fotografía con el fotógrafo Rodolfo Namias, con el que aprendió técnicas de laboratorio. En Huesca trabajó en la ferretería familiar, situada en el Coso Bajo, conocida como la de “los italianos”. Al poco de empezar la Guerra Civil toda la familia se traslada a Italia, donde permanecerán hasta octubre de 1938. Fue Agente del Consulado Italiano durante más de 20 años. Contrajo matrimonio con Presentación Martínez en 1919 y tuvieron cinco hijos: Carlos, Mª Nieves, Mª Teresa, José Antonio y Francisco Javier. Falleció en Madrid en 1979. -Padres: Carlos Lasala Perruca y Nieves Albasini Martínez. Con el progenitor de nuestro juez de cabecera comienza a dar los primeros pasos el clan judicial de los Lasala. A falta de confirmación documental y considerando su fecha de jubilación, debió ingresar como juez muy a comienzos de los años 40 ejerciendo hasta 1986 donde se jubiló forzosamente como Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Por su parte, Ángel a la sazón su hermano mayor y médico como su padre, participó activamente en el bando fascista que dio el golpe de Estado de 1936. Acabó su carrera militar dentro del Cuerpo de Sanidad con el rango de teniente coronel. Su trayectoria como carlista puede ser consultada en este enlace. -Hermanos: Mª Ángeles, Teresa y Carlos. Este último refuerza la presencia del clan en la carrera judicial a la que pertenece desde hace 40 años por lo que está a punto de jubilarse. Nacido en 1950 ha sido durante años titular del juzgado de instrucción nº 1 de Zaragoza y en la actualidad es presidente de la Sección 6 de la Audiencia Provincial. Con motivo de la manifestación que, al igual que en el resto de España, se llevó a cabo frente a las del PP para protestar por la manipulación que estaba haciendo el Gobierno de Aznar con motivo del atentado terrorista del 11M, el juez Carlos Lasala llamó a declarar a varios manifestantes acusados, según informó Radio Zaragoza, de la Cadena SER, de protagonizar actos de propaganda electoral en la jornada de reflexión, lo que está penado por la Ley Electoral con arresto mayor o multas. En el 2021 se ha visto envuelto en una fuerte polémica por la sentencia que firma junto a otros colegas por la que condenan a penas de seis años de prisión y multas a 6 jóvenes que “participaron” el 17 de enero de 2019 en una concentración convocada a través de las redes sociales bajo el lema ‘Contra el fascismo de Vox’. Trayectoria profesional Tras este rápido repaso a los familiares continuamos con la trayectoria del titular del juzgado de instrucción 7 de Zaragoza. En sus 30 años dentro del escalafón aquí os va un resumen resumido de sus destinos: Nombramiento como juez en Tortosa. BOE 28.02.91 Nombramiento juez de instrucción egea de los caballeros. BOE 17.05.94 Nombramiento juez de instrucción Sabadell. BOE 23.04.96 Nombramiento juez de instrucción n 1 de Huesca.BOE.11.09.98 Nombramiento juzgado de instrucción 7 de Zaragoza mientras su titular continúe en servicios especiales. Nombramiento en propiedad juzgado de instrucción 7 de Zaragoza. BOE. 04.09.08 Durante este tiempo ha instruido todo tipo de casos. Además de la denuncia de Puigdemont llevó la denominada “operación lingotes” y el desalojo de okupas de un hotel en Zaragoza. Caso Brahin Galhi Pero, sin duda, son las DP que abrió el 31 de mayo, consecuencia de una denuncia interpuesta por un abogado malagueño, por las que se investiga las presuntas irregularidades cometidas por diferentes autoridades publicas en relación a la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario, Brahin Galhi. Según Lasala “los hechos relatados hacen presumir la posible comisión de un delito”. Tras este primer paso, al igual que con su auto sobre Puigdemont, las acusaciones, el PP y Vox se han tirado al monte buscando al responsable que, como es natural, no puede ser otro que Pedro Sánchez. Sobre esa premisa, tanto el PP como Vox, jalean cada iniciativa de Lasala que, por el momento, ha considerado como investigados a Camilo Villarino, ex director de gabinete de varios ministros de Asuntos Exteriores. También ha llamado a declarar como investigada a la ex ministra González Laya y a la ex jefa de gabinete de la ex Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Para sorpresa de propios y extraños, como ya le sucedió al juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Lasala tiene constancia que Brahin Galhi es ciudadano español desde diciembre de 2004. Según ha informado El País en esa fecha, la magistrada del Registro Civil de Valencia, donde entonces residía, ordenó la inscripción de la “nacionalidad española de origen con valor de simple presunción” (una fórmula prevista para los nacidos en España de padres extranjeros y que no tengan otra nacionalidad) de Gali Sidi-Mustafa Abdelyelil. Lo hizo en aplicación del artículo 18 del Código Civil, que permite consolidar la nacionalidad a quien la haya utilizado durante al menos 10 años de buena fe. Por tanto, como ciudadano español, obtuvo en 2006 un DNI que renovó en 2016 y que se encuentra en vigor. Dicho todo esto, para desesperación de las acusaciones, del PP y de Vox el Gobierno de Sánchez no podía negarse a su entrada en España en abril, cuando fue internado en el Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja) en estado muy grave para ser tratado de la covid-19. Otra cosa distinta es el juez. Veremos.
