Para el PP de Pablo Casado, por mucho que miren para otro lado, las causas judiciales por corrupción que le persiguen desde hace más de12 años, además de hacerles salir del Gobierno, lejos de desvanecerse, continúan con su ritmo imparable estando programados, tan solo en la Audiencia Nacional, más de 27 juicios que deberán celebrarse entre este año que acaba de estrenarse y el 2025.   

Para entonces, si se cumplen los calendarios previstos, se habrán celebrado elecciones autonómicas en 14 de las 17 CCAA (mayo del 2023), excepto País Vasco (julio 2024), Galicia (julio 2024) y Cataluña (febrero 2025); elecciones municipales en toda España (mayo 2023); elecciones al Congreso y Senado (noviembre 2023) y, por último, elecciones al Parlamento Europeo (mayo del 2024).

Y todos estos procesos electorales se celebrarán rodeados de banquillos de acusados repletos de genoveses de diferente standing y condición. La lista es amplia y se puede consultar en este enlace que en breve será actualizado.  

Mientras llega esta nueva versión hoy vamos a repasar el listado de cajas b que a lo largo de los últimos tiempos han ido informando los tribunales y los medios de comunicación. No están todas las que seguramente deberían estar, pero como botón de muestra pueden servir para que los lectores se hagan una idea de como está este negociado en el patio genovés.

- Caja B central

Sin duda es La Meca de los hooligans del dinero en negro. Al PP le ha servido para un roto y para un descosido. Lo mismo con ese dinero donado ilegalmente se pagaban sobresueldos a sus dirigentes que se financiaban campañas electorales, se reformaba su sede nacional o se compraban trajes a medida para M. Rajoy.  

Y esto y mucho más es a lo que ha venido refiriendo la Audiencia Nacional en sus dos sentencias condenatorias, una en mayo del 2018 sobre la denominada  “Primera Época de Gürtel 1999-2005”     y otra más reciente de octubre 2021 sobre la reforma de su sede en Génova 13.

Para situarnos tan solo recordar que el tribunal ha considerado acreditado que existió “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente (…)  en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido (…) algo que queda debidamente acreditado (…) con algunas de las personas que aparecen como perceptoras de algunos cobros: Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga, han reconocido haber recibido esas cantidades”.

Y por si hubiera alguna duda, los jueces han dejado meridianamente claro que “algunos testigos como Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero o Rajoy, cuando han negado la existencia de una Caja B en su partido, su testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido. En palabras del MF: “no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”.

Esta misma lógica la aplican cuando condenan al extesorero del PP Luis Bárcenas por abonar a la empresa Unifica una cantidad de 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP, en la calle de Génova de Madrid, “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”.

- Caja B PP Comunidad Valenciana

La sentencia condenatoria puede ser consultada en este enlace. Como resumen resumido recordamos que tanto empresarios y constructores variopintos como Ricardo Costa, ex secretario general del PP o Francisco Correa, Álvaro Pérez, o Pablo Crespo reconocieron que fueron donantes o perceptores del dinero de la Caja B que se creó para financiar varias campañas electorales.  

Según Correa era Costa quien le indicaba a su empresa Orange Market, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.  Por su parte, Álvaro Pérez señaló a Francisco Camps como la persona que le dijo a Ricardo Costa que o la trama Gürtel les desviaba a determinados empresarios facturas por servicios prestados al PP o se quedaba sin cobrar.

Y finalmente, el propio Costa, confirmó ante el juez que “es cierto que el PP se financió con dinero negro” en las campañas electorales de 2007 y 2008. Financiación que era obtenida de “empresarios que contrataban con la administración”. Según Costa, al frente de las decisiones, y de las “relaciones” con estos adjudicatarios con la Generalitat valenciana, estaba quien fuera su presidente, y presidente del Partido Popular en la Comunidad valenciana, Francisco Camps, con el respaldo del exdirector general de la Policía Nacional y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el ex vicepresidente, Víctor Campos.

Como colofón, el juez explica en su sentencia que se podría hablar de un soborno en diferido ya que “ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”. 

- Caja B PP de la Comunidad de Madrid

Por el momento, en el marco de la instrucción de la PS9 del Caso Púnica, tras aportar varios informes UCO, incorporar más de 700 declaraciones de testigos e investigados y recabar y analizar numerosa documentación, tanto el juez instructor como las fiscales anticorrupción, dan por sentado que se han adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional. 

Según estos informes las vías más importantes de financiación irregular que se investigan serían:

- Caja B PP de Salamanca

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Salamanca. Por el momento, el magistrado Juan Rollán, ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El magistrado les ha citado a declarar como investigados al encontrar “indicios racionales” de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica como “donación anónima ilegal”.  Más información en este enlace 

- Caja B PP Almería

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería. El sumario, por el momento está formado por 52 tomos y más de 36.000 folios. Son 40 tomos comunes, nueve de la pieza principal, dos de la de Roquetas y uno de La Mojonera. Tiene su origen cuando en el 2013 un trabajador de la constructora Hispano Almería (HALSA) dijo haber encontrado en un contenedor de basura cientos de documentos que registraban, recibís incluidos, los pagos de la caja B de su antigua empresa. Siete años después, en el verano de 2020, la UDEF entregó sendos informes sobre pagos en b a dirigentes del PP, entre otros, de los ayuntamientos de La Mojonera y Roquetas del Mar.

En diciembre del 2021 han sido llamados a declarar en calidad de investigados una veintena de cargos citados por la UDEF. En un primer momento, por error del juzgado, fue citada Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía.  Crespo, en calidad de alcaldesa de Adra (Almería), presidió la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente de 2009 a 2011 y firmó como presidenta un convenio con la Consejería de Turismo sobre planes de acción en distintos municipios, en el que figuraba la construcción de un Museo de la Agricultura en la Mojonera. El Ayuntamiento de esta localidad lo adjudicó a una UTE en la que estaba Hispano Almería. Más información en este enlace.

- Caja B PP ciudad de Valencia

En la PS A del Caso Taula el juzgado de instrucción nº 18 de Valencia ha decretado el 20 de octubre del 2021 auto de procesamiento contra todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, excepto uno, por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros y delito electoral. Su cabeza de lista y ex senadora, Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre del 2016, declaró voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Según el juez parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral.

Tras ser recurrido en apelación, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, ha sobreseído la causa en lo que se refiere al pitufeo en las elecciones locales del 2015 por parte del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia manteniendo íntegramente el resto del auto al dar veracidad a los argumentos expuestos por el juez instructor, quien sostiene que, la investigación muestra "de un modo diáfano" que el PP de la ciudad de Valencia, de Rita Barberá, ingresó y destinó a las campañas electorales del 2007 y 2011 una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente. Más información en este enlace.