El control del tribunal de Garantías. Un asunto que ha desatado otro proceso de guerra en las entrañas de Podemos. La formación morada no está pasando su mejor año en cuanto a las relaciones internas se refiere. Primero llegó el conflicto personalista entre partidarios de Pablo Iglesias y seguidores de Íñigo Errejón, acentuada tras Vistalegre II. Ahora se trata de un combate que toma un cariz más importante si cabe. Uno que trasciende al más puro personalismo: el poder interno. En este periodo estival, las filas pablistas no han descansado. Todo lo contrario. Han movido ficha por hacerse con el control del tribunal de Garantías. Un proceso complejo para el que primero hay que retroceder hasta la segunda Asamblea Ciudadana, donde la formación morada aprobó los nuevos documentos, en los que no se incluía reforma alguna del régimen sancionador a priori.
26 de julio: el golpe de Iglesias
Este día se publican los cambios en los estatutos acordados durante la segunda Asamblea Ciudadana. En esta publicación, aparecía un nuevo régimen sancionador que no figuraba en el ‘concilio morado’ tras Vistalegre II.
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28 de julio: dictamen sobre el régimen sancionador
Dos días después, Nuria Martín Sebastián, Jesús Calpe Ruiz y Olga Jiménez – presidenta del tribunal de Garantías nacional- elevaron un documento ante el pleno que pedía que el nuevo régimen sancionador se declarara como nulo.
10 de agosto: exceso de funciones
El sector afín a Pablo Iglesias tomó la decisión de denunciar a la presidenta del tribunal de Garantías nacional por haberse “excedido en sus funciones”. Ante esta situación, a Olga Jiménez se le abrió un expediente. Dicha querella fue interpuesta por tres miembros de la Comisión que se posicionaron en favor de Iglesias.
11 de agosto: nuevo presidente
En los días posteriores a esta denuncia, el 13 de agosto, estos tres miembros de la Comisión se autoconvocaron para designar, entre otras cosas, un nuevo presidente de la Comisión de Garantías de manera provisional. El elegido, casualidades de la vida, fue Argiro Giraldo, uno de los que interpuso la demanda contra Olga Jiménez. Así las cosas, la Secretaría de Organización Estatal hace público este enmarañado, pero contando su versión de los hechos, claro.
Del 23 de agosto al 31: la respuesta de las federaciones
Las comisiones de garantías regionales comenzaron a posicionarse. Olga Jiménez convocó una reunión para el 31 de ese mes a la que asistieron 11 de las 16 Comisiones de Garantías Autonómicas. Sólo faltaron a la cita Aragón, Galicia, Extremadura y Murcia. En esta reunión, todas las federaciones salvo Cantabria – que se abstuvo -, firmaron un documento que declaraba “nulos de pleno derecho los nuevos estatutos del partido”. Al mismo tiempo exigían a Iglesias a revocar el expediente abierto contra la presidenta de la Comisión de Garantías estatal.
