A finales de este mes de julio se destapó que Vicente Cotino, cabeza visible de las empresas de la familia de Juan Cotino, verdadero capo del PP valenciano -lo que le ha permitido ser consejero de la Generalitat y actual presidente de les Corts- estaba entre los grandes donantes particulares que acudían regularmente a Génova a hacer entregas de 'donaciones'. Lo que llevó también a recordar que, casualmente, este hecho coincidía con que el gobierno valenciano, como les contamos en ELPLURAL.COM, hubiera dado concesiones por más de 800 millones de euros a las empresas de los Cotino, el grupo Sedesa.
Privatizaciones con condiciones duras, que luego se ablandan
Una historia ésta de las relaciones entre los Cotino y los gobiernos del PP, que parece incabable. Y es que en las últimas horas el escándalo ha vuelto a estallar, porque se ha conocido que uno de esos negocios que mantiene Sedesa con la Generalitat, el de las residencias para la tercera edad, ha vuelto a renovarse... y de nuevo con irregularidades, según denuncia la oposición. Irregularidades que le permiten disfrutar de un contrato por el que factura más de 40 millones de euros al año.
Les ponemos en antecendentes. En 2001, siendo conseller de Bienestar el ínclito Rafael Blasco (ahora apartado del Grupo Popular por estar imputado en un escándalo de corrupción), la Generalitat sacó a concurso la construcción de 72 residencias y residencias de día para la tercera edad. Hasta entonces había sido el Gobierno de la Generalitat el encargado de asegurar la existencia de plazas para sus mayores. Pero el Gobierno valenciano decidió que aquello era un negocio y que lo mejor era la privatización de su gestión.
Siguiendo el ejemplo de la privatización de la sanidad
El concurso se sacó con condiciones muy duras, como si hubiera intención de que pocas empresas pudieran acceder a él. Había que asegurar en 6 meses que se tenían terrenos. Había que acabar la construcción de las residencias en 3 años. Las plazas tenían que ofrecerse donde dijera la Generalitat... Aunque el gobierno valenciano aseguraba cubrir un tercio de las plazas de cada residencia, sólo se pudieron presentar un pequeño grupo de empresas. Ni una de las del ramo pudo optar al concurso tal y como había sido ofertado. Resultado todas las elegidas, sorpresa, fueron compañías de la construcción. Entre ellas, en lugar destacado, claro, Sedesa, la empresa de los Cotino, que en este campo participa a través de una empresa llamada Savia S.L.
A quienes hayan seguido lo que ha sucedido con el ramo de la privatización de los centros sanitarios en la misma Valencia, o ahora en Madrid, no les sorprenderá saber que en su mayor parte las empresas constructoras tampoco cumplieron, pero que lejos de retirárseles la concesión, lo que se hizo fue mejorarles las condiciones. Siendo ya Juan Cotino conseller de Bienestar Social, la Generalitat ofreció a las empresas que se habían quedado con las concesión asegurarles los ingresos de un segundo tercio de plazas.
Incumplimientos sin penalización
Aclaramos. Las empresas a las que se le habían concedido los contratos tendrían que haber 'entregado' esas residencias en 2004. La mayor parte no lo hicieron. Las de Savia se comenzaron a concluir a partir de 2005.., algunas años después. De hecho, de las 72 residencias que se sacaron a concurso, sólo 52 se llevaron a término.
Pero lejos de retirárseles los contratos, lo que se hizo fue modificarlos para asegurar a las concesionarias 'la compra' no de un tercio de las plazas, como se ofrecía en el concurso de privatización por el que se hizo la selección inicial, sino que pasó a asegurárseles el ingreso por dos tercios de las plazas. Y además, como propina, el contrato, que era de 15 años, se renovó por otros 15 años contando a partir de ese momento.
Quien ordenó y firmó estas modificaciones fue... Juan Cotino. Una de las grandes favorecidas por ello fue Savia..., la empresa de la familia de Juan Cotino. "Si tu estás en el Gobierno no puedes modificar una concesión favoreciendo a tu familia -declara a ELPLURAL.COM el portavoz socialista en les Corts Antonio Torres-; es evidente que haciendo eso estas incumpliendo la ley de incompatibilidades, pero aquí se hizo y no pasó nada...".
Trato de favor también en el plazo de pagos
Los contratos que permiten asegurarse el cobro de ese segundo tercio se han venido renovando desde entonces cada medio año. "Pero es que además en unas condiciones que no han dejado de favorecer a Savia, la empresa de los Cotino", sigue contando a este periódico el portavoz socialista. "Como no todas las residencias se construyeron, lo que se ha hecho ha sido permitir la ampliación de las plazas aseguradas en otras residencias, con el resultado de que en estos momentos, de manera irregular, Savia está percibiendo de los fondos de la Generalitat un extra de 763.000 euros al año". Es decir, hay residencias que están cobrando de la Generalitat más allá no sólo del primer tercio que se ofreció en el contrato inicial, sino incluso más allá del segundo tercio de plazas que Cotino graciosamente les concedió.
Según Antonio Torres, las irregularidades incluyen también los plazos de pago, en los que se favorece a estas empresas sobre otras del ramo. "Aquí en Valencia -nos dice- ya existía un grupo de empresas privadas que se dedicaban a este ramo, AERTE, que han presentado varias demandas porque le pagan con retraso por las plazas... A veces hasta casi con un año, mientras que a Savia y las demás empresas que entraron en el contrato mejorado por Cotino se les paga como mucho con dos o tres meses de retraso. Hasta en eso hay irregularidades".
